¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN EL PUERTO?

¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN EL PUERTO?

1 ¿En que consiste la ley de Empresas Portuarias Nº 19.542?

La ley de empresas portuarias disuelve EMPORCHI y crea 10 empresas portuarias de propiedad de Estado, pero autónomas, con patrimonio propio, entre ellas la de Valparaíso, EPV, que se regulan en su forma de actuar por regla general por la ley de Sociedades Anónimas y el Derecho privado, encargadas de administrar, explotar, desarrollar y conservar los puertos y terminales, así como los bienes que posean, y que pueden concesionar o arrendar a terceros las actividades que les corresponde desarrollar.

2 ¿Qué significa que sean autónomas?

Significa que cada una de estas empresas adopta sus propias decisiones respecto de los puertos, terminales y bienes que les pertenecen.

Para eso cada empresa tiene que elaborar un PLAN MAESTRO y un CALENDARIO REFERENCIAL DE INVERSIONES.

El Gobierno fija las políticas portuarias generales, pero a cada una de las empresas portuarias corresponde autónomamente decidir como las van a llevar a la práctica.

3 ¿Qué significa que tengan patrimonio propio?

Significa que cada empresa portuaria es dueña de los recintos portuarios que les corresponden, es decir, EL ESTADO NO ES DUEÑO DIRECTAMENTE DE LOS RECINTOS PORTUARIOS, SINO QUE ES DUEÑO DE LAS EMPRESAS PORTUARIAS, o sea el Estado es un dueño "indirecto" de los bienes y recintos portuarios.

EPV es propietaria en Valparaíso de gran parte del BORDE COSTERO, que es el recinto portuario, y decide autónomamente como administrarlo y explotarlo.

4 ¿Cómo se relacionan con el Estado que es su dueño?

A través del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y la CORFO crea un Comité llamado SEP (Sistema Empresas Públicas) que designa a los integrantes de los directorios y a su presidente.

5 ¿Qué obligación tienen las empresas portuarias con el Estado?

Tienen la obligación de RENTABILIZAR SUS BIENES, esto es, de obtener lucro. Los recursos que recaudan ingresan directamente al patrimonio fiscal.

6 ¿Qué significa que se regulen por la ley de Sociedades Anónimas y Derecho privado, por regla general?

Significa que pueden funcionar en el mercado COMO UNA EMPRESA más.

En consecuencia, sus trabajadores se rigen por el CÓDIGO DEL TRABAJO, a diferencia de lo que sucedía con la antigua EMPORCHI en que sus empleados eran funcionarios públicos regidos por el Estatuto Administrativo.

Asimismo, todos los CONTRATOS que celebran estas empresas se regulan por la ley de Sociedades Anónimas y el Derecho privado, salvo excepciones, lo que significa que no dictan actos administrativos como decretos, resoluciones o dictámenes, que es como actúan los restantes servicios públicos. Ello les permite mayor flexibilidad en los negocios, pues en el Derecho Privado rige un principio que se llama "autonomía de la voluntad" que significa que se pueden hacer todos los contratos que se les ocurran a los particulares mientras no infrinjan la ley. En cambio, en el Derecho Público que es el que rige al Estado en general, sólo se puede hacer lo que dice expresamente la ley.

7 ¿Qué significa que puedan arrendar o concesionar a terceros el desarrollo de sus actividades?

Significa que se permite a las empresas portuarias que las actividades de administrar, explotar, desarrollar y conservar los puertos y terminales, pueden ENTREGÁRSELAS A UN TERCERO, A UN PRIVADO, con un contrato de concesión o arrendamiento o formando sociedades anónimas con ellos. Esto afecta directamente a los trabajadores portuarios e indirectamente a la ciudadanía como explicaremos más adelante.

8 ¿Por qué establecieron esta nueva regulación y flexibilización legal?

Porque el Gobierno de la época consideró que : 1) La autonomía y patrimonio propio de las empresas portuarias les permitiría ser EFICIENTES EN EL MERCADO y, 2) Las concesiones permitirían ATRAER INVERSIÓN PRIVADA para modernizar los puertos; porque la política de desarrollo portuario que originó la dictación de la ley estuvo basada principalmente en objetivos como: A) Promover la competencia entre puertos, y reforzar la competencia al interior de los puertos estatales; B) Promover la inversión privada y hacer más dinámico el proceso de inversión en los puertos; C) Preservar y fortalecer la eficacia y competitividad en las operaciones portuarias.

La dictación de esta ley fue el primer paso del llamado proceso de MODERNIZACIÓN PORTUARIA, que el actual gobierno ha continuado a través del su programa "Chile portuario 2020".

9 ¿Cuánto tiempo puede durar una concesión portuaria?

Puede durar hasta 30 años. Si la concesión no se refiere a actividades portuarias sólo puede durar 10 años.

10 ¿Cómo hace una empresa portuaria para concesionar sus actividades?

Tiene que elaborar un documento que se llama BASES DE LICITACIÓN Y CONCESIÓN, en el que se establecen todos los derechos y obligaciones que tendrán el privado y la empresa portuaria respectiva.

Luego, a través de LICITACIÓN PÚBLICA tiene que llamar públicamente (diarios) a cualquier privado a hacerse cargo de estas operaciones, los que tendrán que comprar las bases de licitación para saber en qué consiste el negocio.

Los privados tienen un plazo para presentar ofertas de negocios de acuerdo a las bases de licitación y luego de vencido ese plazo, la empresa portuaria respectiva tiene que seleccionar la mejor de las que se haya presentado.

A ese privado se le ADJUDICA el contrato de concesión, o sea se le otorga, y lo firma con la empresa portuaria respectiva.

Desde ese momento es el privado el que se hace cargo de las operaciones portuarias concesionadas. Este proceso es el que comúnmente los trabajadores llaman PRIVATIZACIÓN DE LOS PUERTOS.

11 ¿Cómo ha funcionado el sistema en la práctica?

En la práctica la implementación de la ley se ha hecho gradualmente, en un proceso que deberá durar años.

El Gobierno a nivel central fija las políticas portuarias generales y cada empresa portuaria las aplica autónomamente respecto de su patrimonio propio, los recintos portuarios.

El primer gran proceso de concesiones se produjo entre el año 1997 y 1999, en que se licitaron, adjudicaron y concesionaron a privados gran parte de los recintos portuarios en todo el país, con el objetivo de atraer inversión privada.

Ahora, nos hemos enterado por la prensa y declaraciones de personeros de Gobierno que viene un segundo gran proceso de licitación, adjudicación y concesión, esta vez de los espigones de todos los puertos, y en el caso de Valparaíso, además, del ZEAL íntimamente vinculado al Proyecto Puerto Barón, lo que se ha llamado "Chile portuario 2020".

12 ¿Qué relación tienen las concesiones con el multioperador y el monooperador?

La concesión se utiliza para entregar a una sola empresa privada la operación de frentes de atraque bajo un sistema que se llama Monooperador.

13 ¿En qué consiste el sistema multioperador y monooperador?

1) MULTIOPERADOR, es el sistema de operación portuaria donde las distintas empresas de muellaje (estiba y desestiba) pueden prestar sus servicios en un mismo frente de atraque. Es por ley la regla general y comenzó en Chile en 1981. En Valparaíso se aplica en el espigón, cuya administración está a cargo directamente de EPV, pero la movilización de la carga corresponde a diversas empresas de muellaje que compiten entre sí, que operan con elementos técnicos propios, de terceros y/o de la misma nave que atienden, en los sitios en que recalan.

Además, utilizan los servicios de TRABAJADORES PORTUARIOS, sean dependientes de la empresa de muellaje, o sean eventuales, normalmente asociados en sindicatos.

2) MONOOPERADOR, es el sistema de operación portuaria en que la movilización de carga en el frente de atraque es realizada por una única empresa de muellaje. La ley lo permite en FORMA EXCEPCIONAL, por decisión del directorio de la empresa portuaria correspondiente, y debe hacerse mediante licitación pública y contrato de CONCESIÓN y bajo ciertas condiciones legales.

14 ¿Qué significado práctico tiene el multioperador y el monooperador para los trabajadores?

Bajo un sistema multioperador todas las medianas empresas de muellaje pueden operar, que son las que pertenecen a la asociación ASONAVE A.G. (Taylor, A.J. Broom, J. Carle, etc.), empresarios que son parte de la tradición y la historia porteña. De ellas dependen de manera permanente o eventual los trabajadores portuarios, incluidos personal de oficina, secretarias y administrativos.

Bajo un sistema monooperador esas medianas empresas desaparecen, generalmente quiebran como pasó con un gran porcentaje de ellas en el proceso de 1997-1999, lo que significa cesantía y despido para los trabajadores permanentes y eventuales, además del personal administrativo. A la vez, la inversión del concesionario privado en infraestructura y tecnología portuaria requiere menos trabajadores que los que actualmente laboran, y los trabajadores que necesita deben tener una calificación técnica de la cual la gran mayoría carece.

15 ¿Por qué se dice que la concesión privada como monooperador atrae inversión privada y modernización?

Porque en la práctica tres grandes consorcios económicos se han repartido entre ellos las concesiones en todos los puertos del país que son TPS (grupo Von Appen), CSAV (grupo Claro), y el grupo Urenda, este último en el negocio turístico. Ellos son a la vez dueños de sus propias empresas navieras, de sus propias empresas de muellaje, etc. Participan en las licitaciones con una insuperable ventaje económica y se adjudican los contratos de concesión bajo el sistema monooperador.

En Valparaíso el concesionario actual de gran parte del recinto portuario es TPS.

Entonces, como a un solo concesionario se le entrega toda la operación portuaria de gran parte de un recinto portuario, de un puerto determinado, por una determinada cantidad de años, ese privado hace modernas inversiones en infraestructura y tecnología portuaria porque le resulta rentable para su negocio, inversiones que ni el Estado ni las Empresas Portuarias están dispuestos a hacer.

16 ¿Cuál ha sido la política de Gobierno respecto del multioperador y monooperador?

Según la ley el Monooperador es EXCEPCIONAL, pues la idea es que puedan participar también varias empresas en el negocio portuario, pues ello asegura la LIBRE COMPETENCIA. La libre competencia es fundamental para que el mercado portuario funcione libre de presiones monopólicas, por eso el multipoerador no sólo es importante para los trabajadores, sino para el propio mercado portuario.

Sin embargo, el negocio para el Gobierno es el Monooperador y por eso lo promueven y fomentan indisimuladamente.

En efecto, en un sistema Monooperador, es el concesionario el que hace las inversiones en el recinto portuario y en infraestructura, construye muelles de atraque, compra millonarias grúas, invierte en tecnología, etc., y eso es obvio porque para el privado ello le genera rentabilidad. A su vez, el Estado no hace inversiones, pero percibe la rentabilidad que le significa el otorgamiento de la concesión, que tiene un precio. Gana el privado y gana el fisco.

En el sistema Multipooerador, en cambio, el recinto portuario sigue siendo administrado por la empresa portuaria respectiva, en este caso EPV, y es ella la que tiene que hacer las inversiones, que al final las ha hecho poco y nada.

17 ¿Qué está tratando de hacer EPV en Valparaíso?

Si ya hay un monooperador en Valparaíso, la ley exige que haya también un multiooperador, que es como funciona el espigón. Eso asegura la LIBRE COMPETENCIA en el negocio de los Puertos.

EPV sabe que no puede licitar el espigón como monooperador. Sin embargo, el puerto está al límite de su capacidad y necesita ampliarse para sobrevivir como tal. Y es urgente hacerlo.

Entonces, EPV encontró una "gran idea" para eludir la ley, que es "ampliar" la concesión de TPS, esto es, no entregarle una nueva concesión, sino extender el espacio de territorio de la concesión que YA TIENE TPS, para lo cual pretende dos cosas: 1) Demoler los Almacenes Fiscales que son parte del Patrimonio de la Humanidad y 2) Cerrar y encementar el muelle Prat, con lo cual logra "fusionar" el espigón con el actual recinto que tiene TPS en concesión, creando un solo gran territorio, sin necesidad de nueva concesión y todo bajo sistema monooperador en manos de TPS.

18 ¿Cómo se relaciona esto con el Proyecto Puerto Barón que EPV pretende ejecutar con su socio Mall Plaza?

El Puerto, dado el comercio y tratados internacionales, está al límite de su capacidad, y el único lugar donde NATURALMENTE por profundidad de aguas y posibilidad de expansión puede desarrollarse es hacia el sector Barón. EPV lo sabe, pues los informes de expertos internacionales, el más reciente de japoneses, se lo han dicho al Estado hasta la saciedad.

Pero a EPV eso no le conviene por las siguientes razones: 1) Porque le significaría una millonaria inversión y 2) Porque el recinto portuario allí tendría que funcionar como Multioperador, pues es imposible extender hasta allá la concesión a TPS y 3) Porque en el contrato que firmó con Mall Plaza pactó utilidades del negocio inmobiliario, esto es, EPV va a obtener millonarias y asombrosas rentas si realiza ese "negocio".

Los trabajadores hemos sostenido que es perfectamente compatible la ampliación del puerto hacia Barón, con la utilización y apertura ciudadana y urbana del Borde Costero. Pero eso no es lo que quiere EPV. Ni el SEP. Ni el Gobierno. Porque el Estado tendría que hacer inversiones, y no quiere hacerlas.

No debe olvidarse que el Estado participa en la actividad empresarial cuando razones superiores de utilidad pública y estratégicas lo obligan y el mercado no resuelve suficiente y eficientemente las necesidades de la comunidad nacional. En consecuencia, las empresas portuarias, si bien están obligadas a obtener lucro y utilidades del negocio de los Puertos, están también forzadas a cumplir la finalidad e interés público por el cual el Estado participa en la actividad empresarial.

Eso significa que las empresas portuarias están obligadas a compatibilizar su interés en obtener rentabilidad para el fisco, con el interés económico general que no haya monopolios sino libre competencia y los intereses sociales que fundamentan la existencia del Estado. Esos intereses deben ser compatibilizados, lo que EPV no ha hecho ni está haciendo.

19 ¿Qué pasará con la modernización portuaria en Valparaíso?

En el primer proceso de concesión los trabajadores sólo obtuvieron la solución "parche" de 1999 porque llegaron tarde, con el agravante de los dolorosos errores y abusos cometidos.

Actualmente se avecinan en Valparaíso dos procesos:

1) La pretendida extensión del monooperador de TPS hacia los Almacenes Fiscales y el espigón, que traerá consecuencias inevitables en los trabajadores portuarios como se ha explicado, y así lo reconoció el propio Presidente del directorio de EPV Germán Correa en reunión con dirigentes sindicales portuarios, aduaneros y SAG a propósito de un diálogo social. Obvio, si EPV logra su objetivo desaparece el multioperador del único lugar donde funciona: el espigón.

2) La ZEAL, que es un puerto seco aunque la autoridad le ponga otro nombre, y que se lleva adelante contra toda legalidad.

ZEAL significa Zona de Extensión y Apoyo Logístico. Es un gran espacio de 60 hectáreas en Quebrada Verde que EPV adquirió para trasladar allá gran parte de las instalaciones portuarias y servicios privados y públicos asociados como Aduana y SAG. Va a funcionar bajo sistema de concesiones, esto es, EPV va a licitar y adjudicar a un privado la realización de las actividades que allí se realizarán, lo que desde ya significa menos mano de obra.

La ZEAL está diseñada especialmente para que la carga entre y salga del recinto portuario que tiene concesionado TPS bajo monooperador, a través de un camino que se llama Acceso Sur.

20 ¿Qué ha sucedido y sucederá con los trabajadores?

El proceso de modernización portuaria se inicia en 1994 cuando comienza a discutirse y redactarse la ley, que se dicta definitivamente en 1997. En esa etapa los trabajadores no tuvieron participación real ni fueron debidamente considerados ni informados.

Entre 1997 y 1999 durante el primer gran proceso de concesiones a privados, tampoco los trabajadores tuvieron participación real. No fueron considerados ni en la elaboración de las bases de licitación y concesión, ni tuvieron acceso a la información.

Vinieron a reaccionar recién en 1999, cuando ya los HECHOS ESTABAN CONSUMADOS, en un proceso que estuvo marcado por los errores de todos conocidos y que hasta hoy es doloroso y traumático para los trabajadores.

El proceso de concesiones privadas bajo sistema monooperador trae aparejado una serie de consecuencias sociales y laborales que no han sido consideradas por los sucesivos Gobiernos, además de los problemas que ya existen y que se arrastran por años. Principalmente, el mercado de trabajo portuario se reduce de manera brutal.

Se nos dirá que habrá trabajo en el proyecto "Puerto Barón", lo que es falso, pues el trabajo es esencialmente transitorio en construcción, para lo cual la mayoría carece de la especificidad técnica. Terminada la construcción, nos toca quedarnos de jardineros o mayordomos del resort. O de vendedores de ropa y zapatos en la tienda de retail. Sencillamente aberrante: no alcanza ni en cantidad ni en calidad ni dignidad del trabajo.

Se nos ofrecerá entonces nuevamente "reconvertirnos", sistema fracasado en Lota, y en todos los Puertos, como lo revela la experiencia del año 1999, en el corto plazo eso es sinónimo de cesantía.

Se nos ofrecerá luego indemnizaciones por "irnos para la casa". Mismo resultado, cesantía en el corto plazo, el dinero se gasta y se acaba demasiado rápido.

Y volveremos después de un tiempo a pedir la ayuda asistencial que el Estado presta a través de las Municipalidades, como ya lo hicieron nuestros compañeros del año 1999, para terminar viviendo míseramente de la asistencia social del fisco.

21 ¿Qué le ha sucedido y sucederá con la ciudad de Valparaíso?

Desde ya para la ciudad hay una consecuencia social. En el primer proceso de concesiones de 1997-1999 se generó gran cesantía, pues la salida "parche" está demostrado fue un fracaso para los trabajadores. Ha sido el municipio y el gobierno a la larga, a través de los planes de empleo y pensiones asistenciales los que han tenido que asumir la cesantía y pobreza generada. En definitiva, igual el Estado a través de sus órganos terminó teniendo que asumir las consecuencias sociales, pero marginal y míseramente. EPV pudo tranquilamente seguir generando recursos al fisco, libre de responsabilidades sociales, sin entregar un peso al municipio que es el que directamente se hace cargo de los afectados.

Pero además, hay una consecuencia patrimonial y urbana. La ciudad de Valparaíso nace, crece y se desarrolla en torno a su actividad portuaria. Su particular arquitectura, sus casas y edificios, su economía y las formas de vida tan peculiares a las que dio origen se desarrollan desde el Puerto. En la medida que el negocio portuario en Valparaíso esté concesionado sólo a TPS bajo monooperador, sin libre competencia, con utilidades que no vienen a la ciudad sino que recibe EPV para el fisco y financiar el Transantiago, Valparaíso se trasformará cada vez más en una ciudad de cesantes que emigrarán en busca de mejores horizontes, probablemente hacia la pobreza de las poblaciones marginales de la capital o a prestar servicios de segunda mano en la vecina Viña del Mar. Los tradicionales empresarios que funcionan hasta hoy en el espigón bajo multioperador han anunciado emigrarán hacia Quintero. Y esa forma de vida tan única que la UNESCO llama "patrimonio intangible" habrá desaparecido, porque ya no estarán las personas que le dan vida. Los edificios y calles se transformarán, como ya ha sucedido en otros lugares del mundo, sólo en hermosos cascarones para albergar en su interior turistas y lofts ABC1.

Esta mirada de corto plazo es la que tenemos el deber moral de detener entre todos los porteños, apoyando la declaración de los Almacenes Fiscales de la Armada como Monumento Nacional, oponiéndonos a la destrucción del muelle Prat y a la construcción del Proyecto Puerto Barón, pues en definitiva no es MODERNIZACIÓN ni para la ciudad, ni para los trabajadores que habitan en ella.

La verdadera modernización debe ser PARA TODOS y CON TODOS.

¿QUIÉN LE PONE EL CASCABEL AL GATO?

Movimiento de convergencia ciudadana en defensa de la cultura y la identidad de los espacios locales.

ANTICORRUPCIÓN: CASO EFE

Caso EFE: Suprema resolvió ampliar competencia de ministro Astudillo

Pleno del máximo tribunal acogió petición de querellante UDI. Con esta resolución, el juez queda facultado para investigar una nueva serie de contratos irregulares suscritos por Ferrocarriles, como los convenios para implementación de vías férreas y remodelaciones de oficinas que fueron abultados en cerca de 12 millones de dólares, según el último informe del ex fiscal de la estatal, Rodrigo Asenjo.

El pleno de la Corte Suprema resolvió ampliar "la visita extraordinaria" entregada por el mismo tribunal al ministro Omar Astudillo, quien investiga las irregularidades cometidas al interior de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) anteriores a junio de 2005, cuando entró en vigencia la Reforma Procesal Penal.

Los magistrados acogieron la petición del querellante de la UDI, Cristián Letelier, quien luego de revisar el último informe elaborado por el ex fiscal de la estatal, Rodrigo Asenjo, respecto de una nueva serie de veinte contratos en los que se detectaron abultamientos anómalos, estimó que estos eventuales ilícitos también debían ser indagados por el juez.

El objetivo de los parlamentarios de la Alianza -representados por Letelier- es que el ministro Astudillo sea el encargado de llevar adelante el caso y establecer todos los posibles delitos ocurridos bajo la administración del ex presidente del directorio de EFE, Luis Ajenjo. Lo anterior, pues existe una alta valoración del juez como investigador.

Pero como el mandato del máximo tribunal no otorgaba a Astudillo la facultad para indagar este nuevo set de convenios la vía era hacer una presentación al pleno.

Contratos abultados

Durante la primera quincena de noviembre, el ex fiscal Asenjo entregó las conclusiones de la revisión que realizó a veinte contratos suscritos por la estatal. El resultado nuevamente ponía en tela de juicio la gestión, control y ejecución de proyectos en la empresa.

Según el documento, los convenios a los que EFE se comprometió para implementación de vías férreas y remodelaciones de la oficina de calle Morandé 115 -entre el 1 de agosto de 2004 y el 16 de noviembre de 2005- fueron abultados en cerca de 12 millones de dólares.

El informe fue entregado a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados y correspondió a la última fiscalización que realizó Asenjo antes de dejar Ferrocarriles.

Actualmente, el profesional trabaja como abogado integrante en la Corte de Apelaciones de Santiago y coincidentemente ha debido constituir sala en varias oportunidades- con el ministro Astudillo, a cargo del caso.

Movimiento de convergencia ciudadana en defensa de la cultura y la identidad de los espacios locales.

Histórico logro mapuche

Diario El Mostrador, 3 de Enero de 2008


Histórico logro mapuche


* Silvia Schönenberger

Es una constante histórica la no consideración de la opinión de las comunidades locales cuando una empresa nacional o extranjera pretende invertir sus capitales en proyectos en Chile. Es más, se facilita el que empresas transnacionales actúen libremente, incluso por debajo de los estándares a los que se ven obligados en sus propios países. En este sentido, no ha sido muy distinto el caso de la empresa noruega SN Power, cuya intención es construir cuatro centrales hidroeléctricas en la Región de los Ríos, frente a lo cual las comunidades afectadas han mostrado su férrea oposición a estos “proyectos de desarrollo”, como los llama la empresa.

Marcados por la memoria colectiva de lo que han significado las inversiones en territorios indígenas a lo largo de la historia reciente del país, concientes de que el estado chileno suele avalar cualquier proyecto energético sin importar la postura de la población afectada por la instalación centrales de este tipo, y acostumbrados a que CONAMA apruebe la gran mayoría de los proyectos ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, las comunidades de Panguipulli decidieron anticiparse a este proceso, impidiendo que la empresa efectúe sus estudios de impacto ambiental y social.

Esto no es una señal de rebeldía o de rechazo al desarrollo, como muchas veces se quiere hacer ver cuando comunidades mapuche se oponen a proyectos de inversión. Más bien es un rechazo a un tipo de desarrollo impuesto de fuera, sin consultar qué tipo de desarrollo quiere la comunidad local para si misma.

Por el contrario, esta es una legítima manifestación de defensa de derechos de los pueblos indígenas reconocidos internacionalmente, como lo son el derecho de libre determinación, el derecho a un desarrollo propio, el derecho a control sobre sus territorios, incluidos recursos naturales como el agua, y el derecho a la propiedad ancestral, entre otros. Es también un rechazo a la manera como las empresas invaden a las comunidades y un cuestionamiento a la manera como se les quiere imponer un modelo de desarrollo que no comparten. Es por tanto, un rechazo al trato autoritario y soberbio de empresas que quieren hacer sus negocios sí o sí, a costo de una parte de la sociedad más desprotegida, esa que siempre se ha visto expuesto a atropellos, marginalizada política y económicamente.

Las empresas transnacionales como SN Power -creciendo en poder cada día gracias a evadir los marcos legales de sus países de origen y bajando sus estándares a los niveles de los países anfitriones-, han mostrado que no respetan los convenios y declaraciones universales, aunque estos estén plasmados en sus directrices y políticas de negocio, así como en sus compromisos de responsabilidad social empresarial, en este caso al haber aprobado el Pacto Global.

Es por ello que una parte importante de la población de Coñaripe y Liquiñe no quisieron esperar el día en que la empresa presentara su estudio de impacto ambiental, para pasar luego por la evaluación legitimadora en la CONAMA. Donde, lamentablemente, ni la participación ciudadana considera de manera adecuada la opinión de la comunidad afectada. Por eso las comunidades se organizaron, buscando también por su lado lazos transnacionales para enfrentar el problema en sus raíces, en su país de origen.

Fue así que encontraron el apoyo de distintas ONGs en Noruega, dado que el estado noruego financia en un 100% a SN Power. Logrando gestionar la visita a Oslo del werken de Coñaripe Pedro Antimilla, acompañado por una represente del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, con el propósito de difundir en ese país los atropellos vividos por causa de la empresa SN Power y hacer lobby en instancias estatales. Otro de los objetivos era ejercer una fuerte presión sobre la empresa, dado que en Noruega existe mayor control social e influencia por parte de una sociedad civil que, de modo permanente, monitorea el actuar del estado, siendo además muy receptiva de las demandas de pueblos indígenas y sensible a casos de violación de derechos humanos.

Los resultados de esta estrategia fueron altamente positivos. Se logró, por ejemplo, una reunión no programada en la ciudad de Oslo con el vicepresidente ejecutivo de SN Power para Latinoamérica, donde el dirigente mapuche expuso a la empresa cuales eran las exigencias de las comunidades afectadas: esto es, que las comunidades sean las que pongan la agenda y las condiciones bajo las cuales la empresa interesada en hacer su inversión puede actuar. Implicó también que el vicepresidente firmara un compromiso de cese de obras y de toda actividad de la empresa en la zona hasta tener una reunión con los interlocutores representativos de las comunidades afectadas, ello en sus territorios y a su manera.

Asistimos por tanto a lo que podría ser el inicio de un nuevo trato, donde se respete el parecer de las comunidades indígenas, ello si es que la empresa se quiere mostrar coherente con su discurso. Ya que SN Power siempre ha sostenido que, aparte de hacer negocios, su interés principal es traer desarrollo a las comunidades locales en países emergentes.

En este sentido, cierto es que uno de los dueños estatales de SN Power es Norfund, el fondo noruego de inversiones para el desarrollo en países emergentes. Sin embargo, no es menos cierto que nunca se cuestionaron qué tipo de desarrollo quiere la comunidad local, así como tampoco atendieron, hasta ahora, sus demandas y exigencias. Entre otras cosas, al no considerar el derecho al consentimiento previo libre e informado, que establece el estándar internacional como condición para que proyectos de inversión en territorios indígenas sean aprobados.

Cabe destacar también, en esta corta interacción de la empresa con la comunidad, otro tipo de atropellos y diversos casos de malas prácticas por parte del personal de SN Power en Chile. Por ello en Oslo el vicepresidente tuvo que reconocer durante la reunión errores en la conducción de la empresa en terreno, pero mostró a la vez voluntad de modificar estas situaciones, sin lugar a dudas presionado por la atención que se le dio al caso en Noruega. Se comprometió además a consolidar un “nuevo trato” en esta relación, reconociendo que tenían que escuchar las voces de las comunidades. Prueba de ello, es que tanto el vicepresidente ejecutivo de SN Power como los representantes de Norfund aseguraron explícitamente que no iban a hacer los proyectos, si eso iba en contra de la voluntad de la comunidad local.

¿Será este realmente el inicio de un nuevo trato con respeto a los derechos de quienes se verán afectados por los proyectos de la empresa o un simple discurso para mostrarse más conforme con sus propios lineamientos? Eso se verá en las futuras acciones y tras las conversaciones previstas para enero de 2008, esta vez en territorio mapuche donde se pretenden emplazar las centrales. Las comunidades mientras tanto siguen en alerta, sin confiar en un sistema que históricamente ha privilegiado los intereses económicos frente a los derechos de sus pueblos. Lo importante, por ahora, es que la experiencia vivida y la estrategia seguida han abierto esperanzas para que, por primera vez, las comunidades afectadas sean realmente escuchadas.

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Silvia Schönenberger. Antropóloga. Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas

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Canívales Culturales 2007

ESCRIBE PATRICIO OLTRA, ARTISTA PLÁSTICO.

Para la inauguración de los Canívales Culturales 2007, junto a sonrisas de la Presidenta, Alcalde y funcionarios políticos de turno, la ministra Paulina Urrutia declaró en la tele su perdido amor por Valparaíso.

Lo cierto es que para ellos es muy fácil, salen en la foto, discursean y ganan incautos; por cierto que todo esto con presupuestos del Estado, o sea de todos nosotros los ciudadanos. Mientras tanto los porteños nerviosamente nos preparamos para soportar lo que se vendrá más tarde en los días de estas seudo fiestas: Caos en el libre tránsito peatonal y tráfico vehicular, consumo y a destajo de alcohol, droga y otras sustancias a vista y paciencia de todos, vómitos, orinas, excrementos humanos y olores insoportables, cuchillazos y asaltos, calles alfombradas de vidrios rotos, mediocres espectáculos de supuestos eventos de arte, y para este año VIOLENCIA EXTREMA Y SAQUEO EN PLAZA ANIBAL PINTO Y ALREDEDORES, incluyo al cerro Concepción donde habito y realizo mi contribución a Valparaíso los 365 días del año desde las artes plásticas.

No faltará el alienado que no sufre estas consecuencias que dirá que esos actos que he mencionado son de unos pocos. Y que digan lo que quieran, porque Yo me doy cuenta cómo año a año ha ido creciendo este fenómeno y se ha transformado en una severa inseguridad para los ciudadanos porteños y por cierto la ciudad.

Supuestas autoridades, ¿acaso no se dan cuenta que Valparaíso no soporta esta gran masa de muchedumbres?, ¿cómo no pueden ver que la ciudad no está preparada técnica y estructuralmente?, ¿qué esperan para verlo, una CATASTROFE MAYOR?.

Políticas culturales populistas que de los más que tienen es PROFUNDA IRRESPONSABILIDAD.

Como ciudadano artista plástico, responsable con el habitar, invito a las “autoridades” a reflexionar sobre la necesidad de TERMINAR CON LOS CARNAVALES CULTURALES DE VALPARAISO Y SENTARSE A CONVERSAR CON NOSOTROS LOS EXPERTOS EN EL MUNDO DEL ARTE QUE SI ESTAMOS CONTRIBUYENDO Y LOS 365 DIAS DEL AÑO; PARA REDIRECCIONAR LOS MILLONARIOS FONDOS DE LOS CARNAVALES, DURANTE TODO EL AÑO EN LAS DISTINTAS DISCIPLINAS ARTISTICAS DE ARTES PLASTICAS, TEATRO, MUSICA, DANZA, CINE, LITERATURA, ETC.

Los que tanto quieren a esta ciudad, abran los ojos, lo único que se está logrando es dañar la imagen de Valparaíso.

Patricio Peña Oltra

Artista Plástico

25 años de trayectoria

90% de mi obra en el extranjero.

P.D. El que entiende Canívales por Caníbales. BIEN.

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Busquemos culpables de los incendios en Valparaíso

Busquemos culpables de los incendios en Valparaíso

El incendio que afecto a los 4 pubs y al centro de formación técnica en la Av. Erràzuriz se agrega a la larga lista de incendios que regularmente azotan a nuestra querida ciudad, periódicamente se elevan voces de alarma y con el transcurrir del tiempo, todo queda en el olvido hasta que volvemos a oler humo y comienza todo este proceso una vez más.

En el caso particular de este último incendio, se sigue exactamente la misma parafernalia, el gobernador cita a los dueños de pubs, restoranes y discotecas a una reunión de “emergencia”, el alcalde llama la atención sobre la baja presión de agua en los grifos y distintas “autoridades” con menos o más palco justifican sus sueldos con llamados de atención sobre la gravedad de la situación, pero fallan sistemáticamente al identificar el verdadero problema; al concentrarse en las causas del incendio y no en su severidad, y es justamente aquí donde existen responsables claramente identificables con responsabilidades administrativas y civiles.

Mas interesante que las causas del incendio, que son difíciles de determinar y tienen una difusa responsabilidad. El tamaño del incendio y que afecto a todos los locales indica que la requerida compartimentación entre las diferentes unidades del edificio eran inexistentes lo cual es una violación a la normativa vigente y crea un manto de dudas de cómo o porque fueron otorgados los permisos de funcionamiento a los siniestrados Pubs.

El Incendio

Desde el punto de vista técnico, la edificación constituía:

- Un solo volumen sin cortafuegos efectivos al ser los pisos (techos) de los pubs: compartidos y de madera, es decir los pisos (techos) pueden propagar el fuego y no suministran la requerida estabilidad estructural en caso de incendios,

- Otro factor que debe tomarse en cuenta que el mayor porcentaje de muertes en este tipo de ocupación se producen por un incendio que se desarrolla sin aviso en un compartimiento contiguo y se propaga súbitamente con devastador efecto. En nuestro caso 4 pubs y un centro de estudios que funcionan independientemente, pero comparten y multiplican el riesgo de incendio en una actividad que ya es de elevado riesgo.

En conclusión este edificio no es apto para ser pubs, nunca se debió autorizar el funcionamiento de pubs en un edificio con las condiciones referidas, independiente de que hubiese una buena instalación eléctrica y vías de evacuación.

La Normativa

La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones señala en su Artículo 4.3.4 que el edificio siniestrado por su ocupación, número de pisos y superficie construida es de categoría “a” que es la más elevada en requerimientos de compartimentación, si se interpreta que el piso/techo que separa y comparten las diferentes ocupaciones (unidades) del edificio es un cortafuegos, este debe tener una resistencia al fuego de F-180 (3 horas), sí se toma como un muro divisorio entre unidades este debe ser de F-120 (2 horas), sí se considera como techumbre, esta debe ser de F-60. Por donde se le mire, el techo/piso no es estanco y carece de una nominal resistencia al fuego, lo cual se demostró en el incendio.

Los responsables del incendio

La municipalidad tiene la obligación que una edificación cumpla con la normativa vigente a través de las acciones de los servicios de utilidad pública respectivos, se debe velar, en todo caso, por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcción LGUC, las Normas Técnicas y demás Reglamentos.

En este caso los permisos otorgados a los Pubs fueron una clara y fragante violación al OGU y C y a cualquier criterio técnico. Es un acto ilegal de un órgano de la municipalidad, en este caso la Dirección de Obras Municipales DOM, lo que en una aproximación jurídica, constituye un daño por falta de servicio, que se trata de una responsabilidad civil de origen extracontractual.

“las municipalidades incurrirán en responsabilidad por los daños que causen, la que procederá principalmente por falta de servicio. No obstante, las municipalidades tendrán derecho a repetir en contra del funcionario que hubiere incurrido en falta personal, donde se descarta la responsabilidad por la culpabilidad y fundándola exclusivamente en el hecho que ha provocado el riesgo, o sea, la causalidad material” (LOC Artículo N^o 141).

Necesariamente existen funcionarios individualizables con nombre y apellido del DOM que inspeccionaron la edificación y le dieron su aprobación para el otorgamiento de los permisos, y en el caso que los dueños de los Pubs y del edificio demanden a la municipalidad por daño por falta de servicio, van a costar varios cientos de millones de pesos.

En conclusión

Seria muy distinto que el llamado del señor gobernador a los dueños de Pubs, restaurantes y discotecas sea para analizar cuantos permisos otorgados por la municipalidad fueron dados violando la OGU y C, es decir: ilegales, no solamente por la resistencia y estanquedad al fuego, si no también por la existencia de vías de evacuación, muy diferente seria que un organismo asesor externo como el DICTUC hiciese un catastro de Pubs, restaurantes y discotecas que funcionan en edificios considerados como patrimonio cultural y que constituyen verdaderas bombas de tiempo. Claro que esto significaría un cambio cultural en autoridades políticas de encarar los problemas sin importar su magnitud y darle solución sin importar el costo político.

Movimiento de convergencia ciudadana en defensa de la cultura y la identidad de los espacios locales.

CERRILLOS. PARALIZADO PROYECTO BICENTENARIO POR VICIOS LEGALES

Viernes 7 de septiembre de 2007 Por haber destinado terrenos de Los Cerrillos a Portal Bicentenario: Fundación Guggenheim estudia demandar al fisco PILAR MOLINA A. "Existe la posibilidad de modificar o negociar la cláusula modal, si existe voluntad del donante", explica el representante de la fundación, Carlos Urenda. Foto:EL MERCURIO Su representante en Chile, Carlos Urenda, señala que sentencia judicial la obliga a actuar. El fisco debería abrirse a negociar. PILAR MOLINA A. Aún más se le complicará la situación al Gobierno con el Portal Bicentenario si la Fundación Guggenheim resuelve tomar acciones judiciales contra el fisco como lo estudia, según indica su representante en Chile, el abogado Carlos Urenda. El gobierno de Lagos resolvió destinar los terrenos del aeropuerto de Los Cerrillos a "la mayor obra urbana de este siglo", el Portal Bicentenario, como lo señaló Jaime Ravinet, pero se le advirtió que no podía hacerlo. Dichos terrenos fueron comprados con una donación de 500 mil dólares que en 1929 hizo Daniel Guggenheim al Estado de Chile, condicionando ese beneficio (la "cláusula modal") a que fueran usados en el desarrollo de la aviación civil, lo cual incluyó la compra del terreno, la construcción del aeropuerto y la dotación de aviones. "Existe la posibilidad de modificar o negociar la cláusula modal, si existe voluntad del donante", explica Urenda, y eso fue lo que planteó la fundación del millonario norteamericano al gobierno de Lagos, pero las conversaciones fracasaron porque el Consejo de Defensa del Estado argumentó que no procedía reclamación y estaba todo prescrito. Ahora la Guggenheim está frente a la disyuntiva de renovar las conversaciones con el fisco o bien actuar judicialmente en su contra. "Estamos estudiando hacernos parte en los tribunales, no lo tenemos resuelto", señala Urenda, explicando que ahora se sienten obligados a actuar "porque es la justicia la que reconoció la existencia de la cláusula modal, y a la Fundación Guggenheim no le queda más que hacerse parte", a menos que haya una negociación. La sentencia que reconoció que se trató de una donación condicionada, la cual habilita a la contraparte a pedir el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios, la emitió el 13.er Juzgado Civil el 24 de noviembre de 2006. La demanda la hizo la Federación Aérea de Chile, que obtuvo otro éxito el 28 de agosto pasado, cuando el 8º Juzgado Civil de Santiago anuló el cambio de uso de suelo del aeropuerto de Los Cerrillos, considerando que no había cumplido con el requisito legal de hacer un estudio de impacto ambiental. Con esa decisión, el suelo volvió a quedar vigente para uso aeronáutico, quedó en ascuas el proyecto del Portal Bicentenario y las 2 mil hectáreas al sur del aeropuerto, que permitirán el negocio inmobiliario más grande de Chile, volvieron a quedar afectadas; es decir, sin uso residencial. Negociación El ex ministro de Vivienda de Ricardo Lagos, Jaime Ravinet, negó que la "cláusula modal" impida la construcción del Portal Bicentenario, argumentando que el título de dominio que tiene el Estado de Los Cerrillos "no tiene restricciones de ningún tipo". Según Urenda, sin embargo, "el título no tiene por qué hacer constar restricciones que son a la donación". El abogado de la Federación Aérea de Chile, Miguel Depolo, ratifica: "No es requisito legal que el origen de la donación quede registrado en el título. Es una tinterillada. La que tiene que resolver es la Justicia y ya lo hizo: la cláusula modal existe y el Estado debe responder". En el título del 22 de julio de 1929, el fisco acepta la propiedad de Los Cerrillos, consignando "que se destinará a la construcción de un aeropuerto público". Ambas sentencias de primera instancia fueron apeladas por el Estado, que ve con incertidumbre el futuro del Portal Bicentenario. La percepción es que va a tener que negociar, porque arriesga que el fallo sea ratificado en segunda instancia y, "según la ley, cuando se burla el contrato tienen que devolver la asignación modal", señala Urenda. El presidente de la Federación Aérea , Julio Subercaseaux, añade: "Está en peligro el último proyecto estrella de Lagos, de manera que si no quieren que se hunda el Titanic, van a tener que acercarse". Subercaseaux asegura que por ahora "no estamos negociando", si bien después del último fallo recibió "señales indirectas". De llegarse a un acuerdo extrajudicial, tendrán que participar el fisco, la Fundación Guggenheim y los aviadores civiles, que son quienes tendrían que desistirse de los juicios con los que quisieron evitar el cierre de Los Cerrillos, el 6 de febrero.

Servici El Mercurio

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CONSERVACIÓN PATRIMONIAL PARA EL TURISMO

Conservación versus Turismo ¿verdad o falacia ?

Con cierta frecuencia surgen voces “autorizadas” que apelan a la existencia de una aparente contradicción entre estos dos conceptos: se trataría de instalar en los desprevenidos, una idea descabellada. Según algunos, conservar o proteger lugares se contrapondría con el desarrollo del turismo... ¡Qué peligroso concepto cuando los lugares a los que se alude forman parte del patrimonio público!

Si consideramos que nuestro país es signatario desde el año 72 de las convenciones internacionales de las Naciones Unidas, declarando obligación de los países la de conocer, valorar, conservar y preservar tanto su patrimonio como el de los demás, contribuyendo a la educación de la comunidad en su trascendencia, este hecho deja de ser trivial.

Tratándose de espacios y bienes públicos, la idea a ser instalada es, primero el conocimiento, o re-descubrimiento de estos sitios y sus habitantes, para luego cuidarlos, preservándolos del daño producido por una parte por el paso del tiempo o bien, de injurias infringidas por vándalos que no saben lo que tienen...o no les importa...justamente para acentuar la tan buscada diferencia con el resto del mundo, que es el atractivo de nuestros lejanos lugares.

Lo correcto, en consecuencia, es hoy más que nunca, por tanto: Conservación para el Turismo.

El concepto de patrimonio tiene que ver con nuestros modos de vida, y no solamente con el legado físico que hemos recibido del esfuerzo de generaciones anteriores. La perseverancia de nuestros ancestros, que, sobreponiéndose a duras realidades económicas, sísmicas, sociales y hasta geopolíticas, han hecho que nuestras tres ciudades vecinas entre sí, Valparaíso, Viña del Mar y Concón, se presenten en este comienzo del siglo XXI como una sola gran urbe frente al mar, sin límite topográfico entre ellas y habitada por valiente gente de esfuerzo.

Solamente la ignorancia podría ser, en consecuencia, una excusa aceptable para no promover la conservación de nuestro patrimonio. Sin embargo, la ignorancia deja de ser excusable cuando se trata de autoridades, ya que ellas sí que tienen la obligación ética y legal de saber de lo que hablan, cuando el tema el legado común y nos pertenece a todos...

Escribo estas palabras desde el dolor de ver una desgracia más en Valparaíso. En uno de los paseos más tradicionales de Valparaíso, han dejado convertido en muñón mutilado el otrora bellísimo pimiento a cuya sombra se regocijaban los visitantes y que aportaba alero a pintores de acuarelas y artesanos que se acurrucaban a sus pies. Plantado en 1890 por Isabel Pretot y su marido, Ernesto Fontaine, reflejaba una estética con estilo, con clase, encarnada en ese acto. “Se cayó de seco”, dicen, para justificar la pilatunada, “y rompió la baranda, por lo que hubo que cortarlo”...

¿Cuánta agua tiene que faltarle a un pimiento, árbol del desierto, para que llegue a secarse, me pregunto?

Siendo el Paseo Yugoslavo de propiedad municipal, es al Departamento de Parques y Jardines a quienes les correspondía esa labor, pero parece que se olvidaron de que un árbol como ese, también era patrimonio.

A lo mejor no lo saben, pero en Argentina, hay un manzano, debajo del cual durmió la siesta San Martín, y es un punto de atracción turística, obviamente y como tal es cuidado con esmero.

Valparaíso somos todos, también Concon y Viña del Mar. La asociatividad también debe darse frente a estas situaciones, en primer lugar para no repetir errores, y en segundo, para ayudar a repararlos.

Pero primero hay que reconocer la equivocación y luego, intentar reparar el desaguisado:

Ayúdennos a juntar voces para reponer el árbol, como una señal en la dirección correcta, a ver si las autoridades que tienen que ver con preservación del patrimonio siguen la huella...!!

DRA. JUANITA FERNANDEZ - ADMINISTRADORA CULTURAL - EMPRESARIA DE TURISMO CULTURAL
P.S.: a la suma de pérdidas patrimoniales solamente en lo que va del 2007, se suma el 2 de septiembre, el referente gastronómico del Almendral, el Restaurante O’Higgins. Otro desastre más ...

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Corrupción inmobiliaria

6 de Agosto de 2007
Corrupción inmobiliaria por Patricio Herman*

Un antiguo diario de tiraje nacional publicó la carta "Modernización de Santiago", del cientista político Carlos Huneeus, en donde éste critica con razón la alianza de grupos económicos interesados en lucrar irrespetando la calidad de vida de los ciudadanos sin voz ni capital. Las emprende con sólidos argumentos en contra de las inmobiliarias, constructoras, concesionarias de autopistas e industria automotriz, porque quienes asumen los costos del crecimiento ilimitado en esta cuenca ya saturada son aquellos lejanos a las cúpulas del poder, es decir, la mayoría de los chilenos.

Ahora bien, con ocasión de un ataque que estaba recibiendo el año pasado la Contraloría General de la República por parte de la industria inmobiliaria, porque el organismo fiscalizador estaba dejando sin efecto unos permisos urbanísticos otorgados livianamente por distintas direcciones de obras municipales, una treintena de organizaciones civiles que integran la "Coordinadora Pro Derechos Urbanos", una de las cuales es la nuestra, le hicimos llegar a la presidenta Michelle Bachelet un completo documento descriptivo de la situación que se estaba viviendo entonces.

La primera mandataria nos respondió que la materia sería abordada por la ministra Paulina Veloso, con quien mantuvimos un prolongado y áspero intercambio epistolar sobre el rol de la Contraloría y sobre algunos fallos de los tribunales superiores de justicia que invalidaron, sin motivo legal, los sólidos dictámenes de aquella. La ministra apoyaba el proceder judicial y nosotros que conocemos muy bien las artimañas que se utilizan en Chile para obtener beneficios al margen del marco legal, la contradecíamos solicitándole una entrevista para fundamentar nuestros dichos. No fue posible conversar con ella porque la apretada agenda ministerial no está abierta para quienes están dispuestos a expresar sin temor lo que saben. La ministra, suponemos, no quiso escuchar cosas que posiblemente sabía, pero que, en función de la tranquilidad institucional era mejor tolerar. En todo caso le reconocemos a la ministra su voluntad para responder los cuestionamientos que le hacíamos al Gobierno por ser tan sumiso ante uno de los más influyentes poderes fácticos, es decir, el inmobiliario.

Desde que se creó nuestro grupo nos hemos involucrado en unos 250 casos de abierta corrupción en el ámbito que conocemos y para avalar los dichos de Huneeus, recordaremos en esta ocasión algunos verdaderamente grotescos, no solo por sus características, sino también por sus desenlaces, ya que hay que reconocerlo, estamos viviendo en el reino de los hechos irregulares consumados en donde la impunidad está garantizada por el Estado.

Dieciocho (18) torres en el Parque Las Américas, en Vitacura

En el año 1988, antes del plebiscito que perdió el gobierno dictatorial de Pinochet, se desafectaron 5 hectáreas del área verde riberana al río Mapocho, que formaban parte del proyectado Parque Las Américas y para ello se publicó en el Diario Oficial un Plan Seccional con normas urbanísticas muy acotadas para respetar el entorno y así fue como se permitía en ese terreno solo la construcción de viviendas de hasta 2 pisos y en ciertos sectores minoritarios edificios con alturas máximas de 4 pisos. Es decir, estamos hablando de densidad habitacional baja, lo cual era de toda lógica, tratándose de un cambio de uso de suelo en un parque en zona residencial de viviendas unifamiliares.

Y así fue como se vendió ese terreno fiscal a 2 grupos económicos que lo tuvieron en engorda hasta el año 2000, fecha en que obtuvieron un permiso de edificación por 18 torres de entre 15 y 24 pisos de altura (sic). Dado que los vecinos conocían las reglas del juego, denunciaron la ilegalidad ante el Seremi de Vivienda y Urbanismo quien, después de mucho pensarlo y calcular, emitió un documento en donde, reconociendo la ilegalidad del permiso, le espetó eufemísticamente al Director de Obras de Vitacura que "procediera en consecuencia" y como éste no entendió aquello no hizo nada y las empresas inmobiliarias, una de ellas presidida por un ex ministro de Vivienda, sin darse por aludidas, iniciaron las obras.

Ante este despropósito, el caso fue llevado a la Contraloría General, la que dictaminó 5 causales de ilegalidad, pero un Sub Contralor de la época, hoy jubilado, firmante del dictamen, optó por desentenderse de las ilegalidades porque ello significaría que las empresas replicarían en contra de la municipalidad exigiendo mucha plata por los daños ocasionados por el permiso viciado, lo que sería riesgoso para las finanzas municipales. La situación continuó en los tribunales y ya sabemos como se manejan estas cosas en sede jurisdiccional : las torres no permitidas por la regulación urbanística gozan de buena salud y están plenamente habitadas.

Ardiles aritméticos para construir más de lo permitido

La reglamentación sectorial considera la figura de los "Conjuntos Armónicos" que son edificios que se emplazan en terrenos grandes y que enfrentan vialidades anchas y cuando los proyectos califican para ser considerados como tales obtienen beneficios de hasta un 50% en la constructibilidad. También cuando se fusionan los predios, los titulares de los negocios obtienen el beneficio de mayor densidad aumentando el coeficiente de constructibilidad que tiene ese predio en un 30% y para obtenerlo, muchos subdividen sus terrenos y después los fusionan, lo que es muy simple. Cuando existe acumulación de beneficios de constructibilidad, deben ser sumados esos porcentajes y posteriormente aplicados. Por ejemplo : 50% + 30% da un total de 80% y si se aplica a una construcción que el Plan Regulador Comunal le permite de 10.000 m2 podrá construir hasta 18.000 m2.

Pero los pillines hacen lo siguiente con el mismo ejemplo : A los 10.000 m2 iniciales se les aplica el 50% para obtener un subtotal edificable de 15.000 m2 y con posterioridad a esa cifra se le aplica el otro beneficio de 30%, obteniéndose de esta manera irregular un total de 19.500 m2 y así, bajo cuerdas, se ganan un 15% más de constructibilidad. Imaginémonos que en una comuna determinada que tiene normas para construir al año unos 50.000 m2 en edificios que pueden aumentar su constructibilidad, con este cálculo mentiroso se construyen adicionalmente 7.500 m2, los que son caídos del cielo. Es decir, estamos hablando de una equivalencia a unos cuantos edificios medianos que aumentan fraudulentamente la densidad habitacional en las comunas. Si el Minvu no conoce esta artimaña, sería interesante que tome cartas en el asunto, impartiendo las instrucciones de rigor, para terminar con estos cálculos dadivosos que permiten aumentar las ganancias privadas de las inmobiliarias a costa de una mayor densificación irregular.

Torres con refinadas terminaciones que son "viviendas sociales"

Desde hace unos años, al amparo de un subsidio de "Renovación Urbana", que nosotros llamamos "Deterioro Urbano", se están construyendo en la comuna de Santiago centenas de torres de diminutos departamentos, cuales colmenas, que se utilizan para distintas actividades, incluyendo la habitacional y para no hacer los necesarios estacionamientos para sus residentes, se ha inventado la ficción de que esas unidades son "viviendas sociales" porque a las verdaderas, que ocupan los más pobres que carecen de automóviles, la legislación obviamente no les exige la construcción de estacionamientos.

Las "viviendas sociales" auténticas, que utilizan materiales de regular calidad para abajo, recordemos las conocidas Copeva, tienen valores unitarios de UF 400 y cuando forman parte de condominios valen UF 520. Las que se venden en esa comuna bajo el rótulo de "viviendas sociales" pero con terminaciones de buena calidad, tienen valores que van desde las UF 800 hasta UF 2.000. Algunos de estos edificios cuentan con piscinas, gimnasios y otros aderezos que el mercado demanda. Sabemos que el Director de Obras de esa comuna se ha visto obligado a certificar que tales departamentos son "viviendas sociales" porque el Minvu, servicio público que tiene la obligación de hacer respetar la ley, lo ha obligado a proceder de manera mendaz. Recordemos que con esta "picardía chilensis" los compradores están exentos de pagar el impuesto de la Ley de Timbres y Estampillas, con lo cual se perjudica la caja fiscal.

Como broche de oro recordemos que la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (O.G.U.C.) dispone que el Director de Obras Municipales debe certificar el carácter de vivienda social de una construcción, procediendo a tasarla conforme a las tablas de valores unitarios elaboradas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, "de acuerdo con las tablas de valores bases de construcción utilizadas por el Servicio de Impuestos Internos, excluyendo los factores relativos a la clasificación comunal". Y aunque el lector se muestre incrédulo, le informamos que las tablas de valores unitarios de construcción contenidas en la última Resolución Exenta del Minvu es muy distinta a las tablas definidas por el Servicio de Impuestos Internos (SII), con lo cual ese ministerio pasa por alto lo establecido en su propia O.G.U.C.

La tabla respectiva del Minvu, que incluso mal utilizan algunas municipalidades díscolas, para que sus clientes habituales paguen aún menos derechos municipales por los permisos, contiene valores muy por debajo de las cifras reales, lo cual es demostrativo que, mientras el SII trabaja con objetividad, el Minvu lo hace con un criterio que sólo busca reducirle los costos al negocio inmobiliario.

Permisos de edificación con normas urbanísticas derogadas

En Las Condes se han otorgado unos treinta y tantos permisos para edificar en altura con normas permisivas derogadas en Diciembre de 2003, fecha en que se limitó a los 15 pisos la altura máxima. Para pasar el gato por liebre y consentir las torres de 30 pisos se inventó una maniobra interpretativa para flexibilizar el marco regulatorio cuando se producen cambios restrictivos en los instrumentos locales de planificación urbana. En efecto, la regulación permite conservar en los permisos de edificación las normas urbanísticas contenidas en los permisos de anteproyectos hasta por un año. Pero el Minvu pretende aumentar ese plazo con un burdo resquicio que lo consideramos atentatorio a la mediana inteligencia.

Por otro lado y en la misma línea descriptiva, la Dirección de Obras viola la O.G.U.C. que obliga a autorizar los permisos de anteproyectos en fechas topes de 15 días, si la documentación presentada es la correcta y 60 días, cuando las observaciones formuladas por aquella son resueltas por el inmobiliario. Si esto no acontece, esa autoridad municipal debe rechazar la solicitud de permiso, lo que no hace para que el titular del proyecto gane tiempo. El Minvu, para no ser menos, también inventó una bufonada para ampliar artificialmente esos plazos con la idea de otorgarle poder de decisión a los solicitantes de permisos. En todo caso estas arbitrarias diabluras cometidas por personas investidas de poder no tienen ningún valor, pues cuando las leyes son claras nadie puede interpretarlas a su antojo.

Tres (3) modernas torres en zona de Conservación Histórica

En Valparaíso, el conocido caso de las "Torres del Almendral", una de las cuales ya está en terminaciones se ubican en el plan de la ciudad, en el sector que abarca el territorio entre la Plaza Victoria y la Avenida Argentina, en plena platea del anfiteatro. La primera, de 22 pisos, se sitúa en la esquina de las avenidas Brasil y Francia y será recibida próximamente. Las segundas dos torres de 26 pisos c/u se pretenden edificar en el terreno que siempre ha ocupado el patrimonial edificio de la empresa Chiletabacos, declarado por la Municipalidad porteña en Marzo de 2006 como Inmueble de Conservación Histórica. Este edificio de valor arquitectónico y urbanístico, vendido por esa empresa inglesa a un tercero, ocupa casi todo el paño conformado por las calles Colón, Hontaneda y Van Buren, inmediatamente al lado del famoso hospital del mismo nombre.

Las solicitudes de permisos de anteproyectos de las mencionadas 2 torres ingresan a la municipalidad el día anterior al que se inicia el congelamiento de los permisos de edificación en altura para ese sector, ya que la idea era protegerlo como así también resguardar la vista al mar desde los cerros. En un fast track inédito en Chile, la Dirección de Obras otorga en algunas horas 52 certificados de informaciones previas, requisito para iniciar la tramitación de los permisos, saltándose los procedimientos administrativos ordenados por la Ley. Se tramitan los anteproyectos durante la postergación, con carpetas incompletas (patente del profesional patrocinante vencida, entre otros), en el plazo de 3 meses y medio, justo cuando la prórroga de la postergación estaba vigente. Pero ocurrió que tal prórroga, por adolecer de un vicio administrativo, fue dejada sin efecto casi tres años después (sic). El "error" detectado se refiere a que se publicó en el Diario Oficial un decreto alcaldicio en lugar de la resolución de la Seremi Minvu V región y los responsables del "error" pasan piola.

Con anteproyectos aprobados, la inmobiliaria ingresa 2 semanas antes que se cumpliera el año de vigencia de los anteriores las solicitudes para los permisos de edificación, los que se otorgaron 2 meses después de la caducidad de los anteproyectos, es decir, al margen de nuestro ordenamiento legal. (*)

Conclusión

Hemos relatado algunas situaciones demostrativas del desorden en que nos desenvolvemos y en tal sentido, dado que estamos hablando de negocios que superan los mil millones de dólares, con exclusivo ánimo de transparentar las actuaciones de algunos, daremos a conocer en fecha venidera un mapa de la extrema corrupción, indicando los nombres de las empresas que se están beneficiando con la lenidad pública, aunque también sabemos que ello será un saludo a la bandera, ya que las instituciones se niegan a funcionar dando pábulo a la impunidad. Violar la ley en Chile tiene costo cero y por ello se ha generalizado en este sector de la economía un ambiente de oportunismo y perversión. Ante esta realidad, los diputados fiscalizadores de ambos lados han preferido quedarse mudos.

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(*) revisar artículos 3.1.4. y 1.4.11. de la O.G.U.C.

Patricio Herman P. Fundación "Defendamos la Ciudad"

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MOVIMIENTO DE LIBERALIZACIÓN DIGITAL

El Foro Valparaíso posible aboga por el software libre y por ello rechaza el acuerdo entre el Gobierno de Chile y la Microsoft de Bill Gates, que limita la capacidad de aplicar en nuestro país, como en tantos otros, plataformas digitales de software libre de licencias. No al neocolonialismo digital.




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