27 de Febrero de 2008
Lea el dictamen de la Contraloría sobre Traverso
Con fecha 21 de febrero del presente año se ha dirigido a esta Contraloría General don Alejandro Traverso Carvajal interponiendo, según expresa, una "reposición extraordinaria" a fin de que sea reconsiderada a su respecto la propuesta de medida disciplinaria contenida en la resolución N° 245, de 2008, por la que se aprobó el sumario administrativo instruido en la Secretaría Regional. Ministerial de Educación de la Región Metropolitana, y se propuso la aplicación de determinadas sanciones, resolución que fuera comunicada a la señora Ministra de Educación a través del oficio N° 5.472, del día 5 del mismo mes y año.
Sobre la materia cumple señalar que la citada resolución N° 245, de 2008, del Contralor General, que se recurre, ha sido dictada como producto de la tramitación de un proceso que ha sido instruido en conformidad con lo dispuesto en la resolución N° 236 de 1998, de este Órgano de Control, Reglamento de Sumarios instruidos por la Contraloría General de la República, y de lo establecido además sobre la materia en la ley N° 10.336, Orgánica de este mismo Servicio, por lo que se trata de un procedimiento especial y reglado respecto del cual la jurisprudencia uniforme de este Organismo ha resuelto que no procede la interposición del recurso de reposición.
Debe precisarse que la normativa que se aplica en la instrucción de los sumarios administrativos hechos por este Organismo, y a que se ha hecho referencia, prevé la existencia de diversas etapas destinadas al análisis de las circunstancias que dan origen al procedimiento correspondiente, así como de oportunidades para la formulación de las defensas y alegaciones del funcionario sometido al mismo, y que franquean una amplia admisibilidad de medios de prueba y de instrumentos para su impugnación, de manera que el Contralor General de la República, al dictar la resolución que, propone las sanciones respectivas, tiene en cuenta la globalidad de los antecedentes reunidos durante su curso, los cuales han sido obtenidos y aportados con entera observancia del principio de bilateralidad de la audiencia y sometidos a la posibilidad de ser impugnados por los involucrados en el proceso.
La estructura misma del proceso, asegura el derecho a defensa del sujeto pasivo del procedimiento, y promueve el agotamiento de la investigación con la finalidad de acreditar los hechos y la participación, de manera de otorgar al juzgador una visión completa e imparcial de dichos aspectos, circunstancia que impide agregar al mismo un trámite no previsto en su reglamentación especial, la cual procura efectivamente las finalidades recién señaladas.
Cumple además consignar que lo anterior guarda completa armonía con la jurisprudencia que sobre el particular ha elaborado este Organismo de Control, manifestada, entre otros, en los dictámenes N°s. 38.894 de 1988,49 y 16.471 de 1991,41.348 de 1994, 3.348, de 2000,9.486 y 23.824 de 2003, 58.365, de 2004, 523, de 2005, y 7.390 de 2006.
Por las razones anotadas y considerando que el recurso de la especie resulta inadmisible, este Órgano de Control no se pronunciará respecto de los planteamientos formulados en él.
Sin perjuicio de lo anterior, y atendido que el asunto se encuentra radicado en el Ministerio de Educación para su resolución, se remiten adjuntos los antecedentes del rubro a esa Secretaría de Estado para su conocimiento, haciendo presente que, también entre otros, en los citados dictámenes N°s. 49, 16.471, 41.348, 9.486, 23.824 y 523, se ha concluido además expresamente que, tratándose de estos sumarios, tampoco proceden los recursos establecidos en el Estatuto Administrativo.
Movimiento de convergencia ciudadana en defensa de la cultura y la identidad de los espacios locales.
jueves, febrero 28, 2008
martes, febrero 26, 2008
ANTICORRUPCION: Falsificación de Asesorías
25 de Febrero de 2008 Diario Electrónico EL MOSTRADOR
Falsificación de asesorías
Jueza ordena a Gendarmería enviar 20 nuevos documentos de embajador Puccio
por Jorge Molina Sanhueza
La diligencia busca los contratos y resoluciones desde 2000 a 2002 del militante PS, período anterior al cuestionado por la Contraloría en su último informe. La magistrada (S) que hizo la petición, Ximena Sumonte, tiene experiencia en casos de corrupción e irregularidades en servicios públicos, ya que trabajó de cerca con la ministra Gloria Ana Chevesich en el caso GATE, que golpeó al corazón de la administración de Ricardo Lagos.
La ministra (S) del Cuarto Juzgado del Crimen, Ximena Sumonte, solicitó a Gendarmería 20 documentos relativos al trabajo desarrollado por el actual embajador de Chile en España, Osvaldo Puccio.
La diligencia, encargada al OS-9 de Carabineros -unidad de elite de la institución-, busca los contratos y resoluciones internas desde 2000 a 2002 que dictó el servicio de prisiones sobre el diplomático.
Sumonte, de esta manera, profundizó la pesquisa hecha por la titular del tribunal, Olga Quijada, a principios de febrero, quien solicitó también a Gendarmería la carpeta personal de Puccio, como también un informe a la cancillería.
Esta diligencia buscaba obtener los informes originales que Puccio entregó entre 2002 y 2003 cuando realizó una asesoría sobre “Investigación y Desarrollo de Gestión en procesos de rehabilitación". Y esto, porque la Contraloría estableció que existían caligrafías distintas en uno de los informes de Puccio.
La otra
La estrategia detrás de la solicitud de Sumonte es determinar si los mismos patrones de un presunta conducta delictual -de falsificación de instrumento público- existieron antes de 2002 con el mismo funcionario y cómo Gendarmería pudo haber hecho caso omiso o autorizado pagos, entre otros hechos.
De esta manera, también esta cumpliendo a cabalidad las diligencias de la querella presentada por la UDI en enero pasado, en que se pedía toda la información disponible en el servicio de prisiones sobre el diplomático.
La situación de Puccio comienza a complicarse, ya que todo indica que una de las firmas en el informe final fue hecha por una persona distinta, lo que configuraría el tipo penal, dejándolo en una incómoda situación como representante chileno ante el gobierno español.
La complicación es mayor si se piensa que Sumonte adquirió experiencia en investigaciones relativas a hechos de corrupción o irregularidades, cuando trabajo de cerca con la ministra Gloria Ana Chevesich, en la tramitación del caso GATE, que golpeó duro al corazón de la administración de Lagos.
En parte, por estas solicitudes y por el informe de la Contraloría es que el actual director de Gendarmería, Alejandro Jiménez, decretó la creación de una comisión para investigar hechos de corrupción.
Este grupo de auditores buscará todas las anomalías cometidas en las administraciones anteriores Alfredo Bañados (PRSD) y de Juan Carlo Pérez (DC) y de hallar delitos presentar las denuncias que correspondan al Ministerio Público.
Movimiento de convergencia ciudadana en defensa de la cultura y la identidad de los espacios locales.
Falsificación de asesorías
Jueza ordena a Gendarmería enviar 20 nuevos documentos de embajador Puccio
por Jorge Molina Sanhueza
La diligencia busca los contratos y resoluciones desde 2000 a 2002 del militante PS, período anterior al cuestionado por la Contraloría en su último informe. La magistrada (S) que hizo la petición, Ximena Sumonte, tiene experiencia en casos de corrupción e irregularidades en servicios públicos, ya que trabajó de cerca con la ministra Gloria Ana Chevesich en el caso GATE, que golpeó al corazón de la administración de Ricardo Lagos.
La ministra (S) del Cuarto Juzgado del Crimen, Ximena Sumonte, solicitó a Gendarmería 20 documentos relativos al trabajo desarrollado por el actual embajador de Chile en España, Osvaldo Puccio.
La diligencia, encargada al OS-9 de Carabineros -unidad de elite de la institución-, busca los contratos y resoluciones internas desde 2000 a 2002 que dictó el servicio de prisiones sobre el diplomático.
Sumonte, de esta manera, profundizó la pesquisa hecha por la titular del tribunal, Olga Quijada, a principios de febrero, quien solicitó también a Gendarmería la carpeta personal de Puccio, como también un informe a la cancillería.
Esta diligencia buscaba obtener los informes originales que Puccio entregó entre 2002 y 2003 cuando realizó una asesoría sobre “Investigación y Desarrollo de Gestión en procesos de rehabilitación". Y esto, porque la Contraloría estableció que existían caligrafías distintas en uno de los informes de Puccio.
La otra
La estrategia detrás de la solicitud de Sumonte es determinar si los mismos patrones de un presunta conducta delictual -de falsificación de instrumento público- existieron antes de 2002 con el mismo funcionario y cómo Gendarmería pudo haber hecho caso omiso o autorizado pagos, entre otros hechos.
De esta manera, también esta cumpliendo a cabalidad las diligencias de la querella presentada por la UDI en enero pasado, en que se pedía toda la información disponible en el servicio de prisiones sobre el diplomático.
La situación de Puccio comienza a complicarse, ya que todo indica que una de las firmas en el informe final fue hecha por una persona distinta, lo que configuraría el tipo penal, dejándolo en una incómoda situación como representante chileno ante el gobierno español.
La complicación es mayor si se piensa que Sumonte adquirió experiencia en investigaciones relativas a hechos de corrupción o irregularidades, cuando trabajo de cerca con la ministra Gloria Ana Chevesich, en la tramitación del caso GATE, que golpeó duro al corazón de la administración de Lagos.
En parte, por estas solicitudes y por el informe de la Contraloría es que el actual director de Gendarmería, Alejandro Jiménez, decretó la creación de una comisión para investigar hechos de corrupción.
Este grupo de auditores buscará todas las anomalías cometidas en las administraciones anteriores Alfredo Bañados (PRSD) y de Juan Carlo Pérez (DC) y de hallar delitos presentar las denuncias que correspondan al Ministerio Público.
Movimiento de convergencia ciudadana en defensa de la cultura y la identidad de los espacios locales.
ANTICORRUPCION: TRABAJADORES DE MINEDUC DENUNCIARON POR AÑOS MALAS PRACTICAS
Diario Electrónico el Mostrador, 20 de Febrero de 2008
La Moneda también estaba al tanto
Provoste fue informada del caos en subvenciones tras asumir en Mineduc
por Claudia Urquieta Chavarría
Dossier con documentación sobre el millonario fraude al fisco de algunos sostenedores, además de la mala gestión atribuida al ex seremi Traverso, se paseó por diversos despachos gubernamentales desde 2000. Sin embargo, el peregrinar de los dirigentes sindicales nunca tuvo efectos concretos.
Durante años, los dirigentes de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (Andime) presentaron ante ministros, subsecretarios y otras autoridades, un dossier con una serie de documentos que avalaban serias irregularidades al interior de la cartera, que incluía copias de cheques, facturas, balances y diversas pruebas que respaldaban sus denuncias.
De hecho, a semanas de haber asumido el cargo, la ministra de Educación, Yasna Provoste (DC), fue informada en detalle acerca de las anomalías al interior de su cartera en una reunión que sostuvo con en el séptimo piso del Mineduc con delegados gremiales.
En el encuentro, que duró unos 45 minutos, se le informó sobre la apropiación dolosa de fondos del Estado por parte de sostenedores a través de prácticas ilegales como “cursos fantasmas, duplicación de alumnos, obras financiadas y no realizadas”, relata Egidio Barrera (PPD), uno de los cuatro directores nacionales del sindicato.
También la alertaron de que en la Seremi de Educación “había negligencia absoluta, porque entre otras cosas unos 500 ó 600 procesos de inspección quedaban sin efecto porque prescribían”, agrega.
Y por supuesto, la pusieron sobre aviso acerca de las responsabilidades que cabían al recién renunciado jefe de la instancia, Alejandro Traverso (PS). “En general, acusamos mala gestión interna. Ya manejábamos información de que cajas no cuadraban y de desorden en el pago de subvenciones, así como de problemas términos administrativo contables”, detalla Barrera.
Al terminar la reunión, Provoste se comprometió a tomar conocimiento del tema, de lo cual “nunca más se supo”. A pesar de eso, continuaron enviando documentación a la subsecretaria de entonces, Pilar Romaguera (independiente pro PS) con copia a la ministra.
Largo peregrinar
Pero el periplo de la Andime con el dossier acusador se inició mucho antes. De hecho, en 2000 diversos funcionarios de los departamentos de Subvenciones y Supervisión del Mineduc denunciaron al gremio irregularidades en sus áreas, que entre otros puntos apuntaban a falsificación de asistencias, alumnos fantasmas e incumplimiento de normas técnicas.
Mariana Aylwin (DC) fue la primera ministra con quien se reunieron para exponerle la situación, ya que asumió el cargo al principio del mandato de Ricardo Lagos. Tampoco se dejó afuera al subsecretario de la época, José Weinstein (PPD), con quien mantuvieron otro encuentro.
Luego, cuando asumió Sergio Bitar (PPD) en 2003, volvieron a la carga con los documentos en mano y le expusieron a él y a la subsecretaria Marigen Hornkohl (DC) la situación. Esta vez, el jefe de la repartición dejó en manos de su segunda a bordo el caso.
“La única respuesta que se sacó fue un cambio legal que permitió la contratación de más supervisores a nivel nacional y el inicio de la profesionalización de los inspectores”, añade el dirigente.
Al tomar las riendas de la cartera, en diciembre de 2005, Hornkohl ya estaba al tanto de los hechos y continuó con la contratación de más personal, lo que por una parte dejó más tranquila a la directiva de la Andime, porque al menos “había una respuesta concreta”, aunque se continuó en la línea de hacer la vista gorda con el tema de fondo.
Con Martín Zilic (DC) las cosas fueron distintas. Para empezar, los recibió a una semana de asumir como ministro de Michelle Bachelet, en marzo de 2006. Y dedicó casi dos horas a escuchar la exposición de los funcionarios.
A la documentación se agregó un listado con los seremis regionales y los jefes de departamentos provinciales que habían sido cuestionados por su mala gestión. “En la lista, estaba la señora Ximena Bernales, seremi de la Araucanía –destituida por estar involucrada en el caso Chiledeportes en noviembre de 2006-.Y, como siempre, a la cabeza aparecía Traverso”, asegura Barrera.
En vista de esto, Zilic ordenó abrir una investigación que quedó en manos del equipo auditor del Mineduc, a cuya cabeza estaba Hernán Ortíz y que fue despedido en abril de 2007.
Y aunque el titular no respaldaba la continuidad de Traverso en el cargo, no pudo hacer nada, ya que según el dirigente “la decisión estaba en manos del intendente metropolitano de la época, Víctor Barrueto (PPD)”.
A La Moneda
Paralelamente, los dirigentes del Andime decidieron ir a La Moneda. Se contactaron con el entonces ministro del Interior, Andrés Zaldívar (DC), y solicitaron que influyera en Barrueto, para que no se designara nuevamente a Traverso en el cargo, adjuntando además el dossier que a esas alturas ya tenía unas 200 páginas.
Y en contraste a la aseveración del entonces intendente acerca de su desconocimiento del caso, Barrera sostiene que se le envió por correo toda la documentación “y tenemos el comprobante de recibo de parte de la oficina de la intendencia. Por casos como éste, siempre tenemos esa precaución”.
Al unísono, se reunieron con la ministra secretaria general de la Presidencia de ese tiempo, Paulina Veloso, a quien también entregaron la información.
Pero una vez más sus denuncias fueron en vano. Incluso, realizaron una funa al interior del Mineduc al inicio del mandato de Provoste “porque se confirmó el cargo a todos los personajes del listado que habíamos entregado, incluido Traverso”, remata Barrera.
Movimiento de convergencia ciudadana en defensa de la cultura y la identidad de los espacios locales.
La Moneda también estaba al tanto
Provoste fue informada del caos en subvenciones tras asumir en Mineduc
por Claudia Urquieta Chavarría
Dossier con documentación sobre el millonario fraude al fisco de algunos sostenedores, además de la mala gestión atribuida al ex seremi Traverso, se paseó por diversos despachos gubernamentales desde 2000. Sin embargo, el peregrinar de los dirigentes sindicales nunca tuvo efectos concretos.
Durante años, los dirigentes de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (Andime) presentaron ante ministros, subsecretarios y otras autoridades, un dossier con una serie de documentos que avalaban serias irregularidades al interior de la cartera, que incluía copias de cheques, facturas, balances y diversas pruebas que respaldaban sus denuncias.
De hecho, a semanas de haber asumido el cargo, la ministra de Educación, Yasna Provoste (DC), fue informada en detalle acerca de las anomalías al interior de su cartera en una reunión que sostuvo con en el séptimo piso del Mineduc con delegados gremiales.
En el encuentro, que duró unos 45 minutos, se le informó sobre la apropiación dolosa de fondos del Estado por parte de sostenedores a través de prácticas ilegales como “cursos fantasmas, duplicación de alumnos, obras financiadas y no realizadas”, relata Egidio Barrera (PPD), uno de los cuatro directores nacionales del sindicato.
También la alertaron de que en la Seremi de Educación “había negligencia absoluta, porque entre otras cosas unos 500 ó 600 procesos de inspección quedaban sin efecto porque prescribían”, agrega.
Y por supuesto, la pusieron sobre aviso acerca de las responsabilidades que cabían al recién renunciado jefe de la instancia, Alejandro Traverso (PS). “En general, acusamos mala gestión interna. Ya manejábamos información de que cajas no cuadraban y de desorden en el pago de subvenciones, así como de problemas términos administrativo contables”, detalla Barrera.
Al terminar la reunión, Provoste se comprometió a tomar conocimiento del tema, de lo cual “nunca más se supo”. A pesar de eso, continuaron enviando documentación a la subsecretaria de entonces, Pilar Romaguera (independiente pro PS) con copia a la ministra.
Largo peregrinar
Pero el periplo de la Andime con el dossier acusador se inició mucho antes. De hecho, en 2000 diversos funcionarios de los departamentos de Subvenciones y Supervisión del Mineduc denunciaron al gremio irregularidades en sus áreas, que entre otros puntos apuntaban a falsificación de asistencias, alumnos fantasmas e incumplimiento de normas técnicas.
Mariana Aylwin (DC) fue la primera ministra con quien se reunieron para exponerle la situación, ya que asumió el cargo al principio del mandato de Ricardo Lagos. Tampoco se dejó afuera al subsecretario de la época, José Weinstein (PPD), con quien mantuvieron otro encuentro.
Luego, cuando asumió Sergio Bitar (PPD) en 2003, volvieron a la carga con los documentos en mano y le expusieron a él y a la subsecretaria Marigen Hornkohl (DC) la situación. Esta vez, el jefe de la repartición dejó en manos de su segunda a bordo el caso.
“La única respuesta que se sacó fue un cambio legal que permitió la contratación de más supervisores a nivel nacional y el inicio de la profesionalización de los inspectores”, añade el dirigente.
Al tomar las riendas de la cartera, en diciembre de 2005, Hornkohl ya estaba al tanto de los hechos y continuó con la contratación de más personal, lo que por una parte dejó más tranquila a la directiva de la Andime, porque al menos “había una respuesta concreta”, aunque se continuó en la línea de hacer la vista gorda con el tema de fondo.
Con Martín Zilic (DC) las cosas fueron distintas. Para empezar, los recibió a una semana de asumir como ministro de Michelle Bachelet, en marzo de 2006. Y dedicó casi dos horas a escuchar la exposición de los funcionarios.
A la documentación se agregó un listado con los seremis regionales y los jefes de departamentos provinciales que habían sido cuestionados por su mala gestión. “En la lista, estaba la señora Ximena Bernales, seremi de la Araucanía –destituida por estar involucrada en el caso Chiledeportes en noviembre de 2006-.Y, como siempre, a la cabeza aparecía Traverso”, asegura Barrera.
En vista de esto, Zilic ordenó abrir una investigación que quedó en manos del equipo auditor del Mineduc, a cuya cabeza estaba Hernán Ortíz y que fue despedido en abril de 2007.
Y aunque el titular no respaldaba la continuidad de Traverso en el cargo, no pudo hacer nada, ya que según el dirigente “la decisión estaba en manos del intendente metropolitano de la época, Víctor Barrueto (PPD)”.
A La Moneda
Paralelamente, los dirigentes del Andime decidieron ir a La Moneda. Se contactaron con el entonces ministro del Interior, Andrés Zaldívar (DC), y solicitaron que influyera en Barrueto, para que no se designara nuevamente a Traverso en el cargo, adjuntando además el dossier que a esas alturas ya tenía unas 200 páginas.
Y en contraste a la aseveración del entonces intendente acerca de su desconocimiento del caso, Barrera sostiene que se le envió por correo toda la documentación “y tenemos el comprobante de recibo de parte de la oficina de la intendencia. Por casos como éste, siempre tenemos esa precaución”.
Al unísono, se reunieron con la ministra secretaria general de la Presidencia de ese tiempo, Paulina Veloso, a quien también entregaron la información.
Pero una vez más sus denuncias fueron en vano. Incluso, realizaron una funa al interior del Mineduc al inicio del mandato de Provoste “porque se confirmó el cargo a todos los personajes del listado que habíamos entregado, incluido Traverso”, remata Barrera.
Movimiento de convergencia ciudadana en defensa de la cultura y la identidad de los espacios locales.
miércoles, febrero 13, 2008
NACE EL PUERTAZO, PRENSA LIBRE
INFORMACION DE PRENSA
Al Puerto de Valparaíso lo estan matando, han licitado el Destino y el Futuro de nuestra ciudad, quienes ostentan el poder.
Esval, Chilquinta, Borde Costero, Caleta Membrillo, Caleta Sudamericana, Almacenes Fiscales, Muelle Prat, Playa San Mateo, Trolebuses, Ascensores, Parque Alejo Barrios, Parque Quintil; recursos naturales como la merluza, se han transformado en negocios inescrupulosos para los privados con colaboracion del Estado.
Nos invaden las inmobiliarias como milagro económico, mientras depredan con nuestra vida de barrio, nuestra mirada al océano.
Ante estos aberrantes hechos nos hemos unido diversas organizaciones en la defensa de nuestra ciudad, entendiendo que somos los vigilantes de la Esperanza de los porteños que ha hecho de éste, uno de los lugares protegidos mundialmente y declarado Patrimonio de la Humanidad.
La semana recien pasada hicimos el lanzamiento de "El Puertazo, unidos por Valparaíso", periódico donde mes a mes iremos informando los sucesos en nuestra región.
Atentos saludos, EL PUERTAZO*
Nota: puntos de venta de "El Puertazo, unidos por Valparaíso":
+Libreria CRISIS Av. Pedro montt 2871 Valparaíso.
+Libreria IVENS, Plaza Anibal Pinto, Valparaíso.
*Organizaciones
Union Comunal de juntas de vecinos
Federaciones de trabajadores Portuarios de Valparaíso
Camioneros.
Pescadores Caleta Sudamericana
Sindicatos de feriantes de la Avda. Argentina.
Agrupación a buen puerto.
IrreverenteTV señal 3 de Playa Ancha
Corporacion Parque Cultural Ex-cárcel.
Agrupación Valech
Colegio Profesores Comunal Valparaíso
Sindicato Afrodita
Comites de vivienda
Comisión Ética contra la Tortura
ASODUCAM
Sindicato de encarnadoras
Preuniversitario Popular y revolucionario "El Ariete"
Federaciones de Estudiantes Universidades
Sindicato PGE
Central Unitaria de Pensionados y montepiadas de Chile
Asociación de ciudadanos por la defensa de la Salud y el Medio Ambiente.
COMITE DE DEFENSA DE VALPARAISO,
entre otras....Movimiento de convergencia ciudadana en defensa de la cultura y la identidad de los espacios locales.
martes, febrero 12, 2008
ANTICORRUPCIÓN: PROBIDAD Y TRANSPARENCIA
El Mostrador, 12 de Febrero de 2008
Transparencia y probidad
por Patricio Herman*
Las bonitas palabras del título de esta columna las utilizan recurrentemente quienes detentan los poderes políticos, económicos y fácticos, para hacernos creer que Chile es un país serio y en donde las instituciones del Estado funcionan, muletilla que le gustaba repetir hasta el cansancio a un ex presidente de la República que se hizo característico por retar a los periodistas que le formulaban preguntas incómodas que no merecían ser contestadas por tal egregio personaje.
La ley Nº 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen las actuaciones de los organismos públicos, en la búsqueda de transparencia y probidad, define claramente qué se entiende por actos administrativos y entre otros, establece que los decretos supremos lo son, especificando que éstos son órdenes escritas que dicta el Presidente de la República o un ministerio por instrucción del anterior, sobre asuntos propios de su competencia.
Dicha ley dice que deberán publicarse en el Diario Oficial todos los actos administrativos, incluyendo obviamente los decretos supremos, que contengan normas de general aplicación, que se refieran al interés común, que interesen a un número indeterminado de personas, que afectaren a personas cuyo paradero fuere ignorado y aquellos respecto de los cuales la legislación ordenare especialmente esta publicación. Así las cosas, tales actos emanados de la autoridad se entenderán como auténticos y oficialmente notificados, obligando desde esa fecha a su íntegro y cabal cumplimiento, salvo que la fecha de vigencia de los mismos sea otra fijada en ellos.
Ahora bien, una de las tantas iniciativas polémicas del gobierno pasado en el ámbito de la construcción inmobiliaria, fue aquella que clausuró el aeropuerto Los Cerrillos, para darle paso a lo que se llamó el Portal Bicentenario en el terreno de 254 hectáreas que ocupaba esa antigua infraestructura donada al Estado hace 70 atrás por un filántropo oriundo de EEUU. Incluso se llegó a decir que allí se iba a edificar la Casa Presidencial. Pero aparentemente nadie se había percatado que los grandes beneficiados con la desaparición de Los Cerrillos serían las 3 o 4 empresas propietarias del porcentaje más alto de las 2.000 hectáreas localizadas inmediatamente al sur, explanada verde que conformaba el cono de aproximación al aeropuerto y que, por tal motivo, tenía fuertes limitaciones para construir.
Cuando la opinión pública tomó conocimiento de la futura clausura del aeropuerto, se generó un gran y prolongado debate público en el cual intervinieron distintos actores. La prensa abordó con mucha cobertura los diferentes puntos de vista que expresaban, tanto los agentes públicos como los privados y los sociales. Nos recordamos que cuando la actual presidenta Michelle Bachelet comandaba el ministerio de Defensa expresó opiniones un tanto desfavorables a ese proyecto, lo cual es entendible por ser ella parte de la familia aérea y por sus acabados conocimientos geopolíticos : es incomprensible que la megalópolis de Santiago, que cuenta con 6.500.000 de habitantes, tenga que depender en sus crecientes necesidades de transporte de mercaderías y de pasajeros, sólo del aeropuerto Arturo Merino Benítez, situado en la comuna de Pudahuel.
El Comité de Desarrollo Urbano del Colegio de Arquitectos se opuso con fuerza al cambio de uso de suelo del terreno, aunque la Directiva de esa asociación gremial apoyó el negocio inmobiliario que se iba a ejecutar al interior del mismo. Muchos académicos universitarios, conocedores de la geografía de la región metropolitana, por razones de orden ambiental, también objetaron el cierre de la instalación aeroportuaria porque ésta, unida a las 2.000 hectáreas del mencionado cono de aproximación, conformaba un indispensable canal de ventilación. La Federación Aérea de Chile, por motivos de fácil entendimiento, emprendió acciones ante la Contraloría General de la República y ante los tribunales de justicia, haciendo valer la Ley de Bases del Medio Ambiente y sus legítimos derechos adquiridos. También el Colegio de Ingenieros cuestionó esa decisión tomada por Jaime Ravinet cuando ejercía como ministro de Vivienda y Urbanismo.
Con el objetivo de posibilitarse la erradicación de las actividades aéreas de Los Cerrillos, el Ministerio de Bienes Nacionales transfirió gratuitamente el 29 de Julio de 2005 las 254 hectáreas al Serviu Metropolitano para que éste “desarrolle programas propios de su competencia” (sic). Y para no andarse con chicas, ese ministerio autorizó al servicio beneficiario para enajenarlo en el plazo de 5 años, a partir de la fecha de la inscripción del dominio y hasta donde sabemos una conocida inmobiliaria ya ha adquirido unas cuantas hectáreas para construir una serie de equipamientos.
Pero, a pesar de toda la parafernalia del establishment que asegura la plena vigencia de la probidad administrativa y transparencia en los actos del Ejecutivo, nos hemos impuesto que el decreto supremo Nº 74 del 29 de Julio de 2005, elaborado por la División Jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales, cuya tramitación al interior del gobierno terminó el 24 de Noviembre de 2005 -¡oh, sorpresa!- no fue publicado en el Diario Oficial de nuestra República.
Así las cosas, más de algunos ciudadanos se podrían preguntar: ¿qué razones de peso tuvo el Ejecutivo de entonces para no ceñirse al artículo 48º de la Ley Nº 19.880, que ordena la publicación de ese decreto supremo en el Diario Oficial?
¿Por qué el gobierno pasado no quiso que la ciudadanía conociera los detalles de la transferencia gratuita de esas 254 hectáreas de Bienes Nacionales al Serviu? ¿Por qué se empleó esa insana práctica del secretismo? ¿En qué quedó la probidad y la transparencia?, conceptos de los cuales tanto se habla para ilusionar a los inocentes.
Patricio Herman P. Fundación “Defendamos la Ciudad”
Movimiento de convergencia ciudadana en defensa de la cultura y la identidad de los espacios locales.
Transparencia y probidad
por Patricio Herman*
Las bonitas palabras del título de esta columna las utilizan recurrentemente quienes detentan los poderes políticos, económicos y fácticos, para hacernos creer que Chile es un país serio y en donde las instituciones del Estado funcionan, muletilla que le gustaba repetir hasta el cansancio a un ex presidente de la República que se hizo característico por retar a los periodistas que le formulaban preguntas incómodas que no merecían ser contestadas por tal egregio personaje.
La ley Nº 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen las actuaciones de los organismos públicos, en la búsqueda de transparencia y probidad, define claramente qué se entiende por actos administrativos y entre otros, establece que los decretos supremos lo son, especificando que éstos son órdenes escritas que dicta el Presidente de la República o un ministerio por instrucción del anterior, sobre asuntos propios de su competencia.
Dicha ley dice que deberán publicarse en el Diario Oficial todos los actos administrativos, incluyendo obviamente los decretos supremos, que contengan normas de general aplicación, que se refieran al interés común, que interesen a un número indeterminado de personas, que afectaren a personas cuyo paradero fuere ignorado y aquellos respecto de los cuales la legislación ordenare especialmente esta publicación. Así las cosas, tales actos emanados de la autoridad se entenderán como auténticos y oficialmente notificados, obligando desde esa fecha a su íntegro y cabal cumplimiento, salvo que la fecha de vigencia de los mismos sea otra fijada en ellos.
Ahora bien, una de las tantas iniciativas polémicas del gobierno pasado en el ámbito de la construcción inmobiliaria, fue aquella que clausuró el aeropuerto Los Cerrillos, para darle paso a lo que se llamó el Portal Bicentenario en el terreno de 254 hectáreas que ocupaba esa antigua infraestructura donada al Estado hace 70 atrás por un filántropo oriundo de EEUU. Incluso se llegó a decir que allí se iba a edificar la Casa Presidencial. Pero aparentemente nadie se había percatado que los grandes beneficiados con la desaparición de Los Cerrillos serían las 3 o 4 empresas propietarias del porcentaje más alto de las 2.000 hectáreas localizadas inmediatamente al sur, explanada verde que conformaba el cono de aproximación al aeropuerto y que, por tal motivo, tenía fuertes limitaciones para construir.
Cuando la opinión pública tomó conocimiento de la futura clausura del aeropuerto, se generó un gran y prolongado debate público en el cual intervinieron distintos actores. La prensa abordó con mucha cobertura los diferentes puntos de vista que expresaban, tanto los agentes públicos como los privados y los sociales. Nos recordamos que cuando la actual presidenta Michelle Bachelet comandaba el ministerio de Defensa expresó opiniones un tanto desfavorables a ese proyecto, lo cual es entendible por ser ella parte de la familia aérea y por sus acabados conocimientos geopolíticos : es incomprensible que la megalópolis de Santiago, que cuenta con 6.500.000 de habitantes, tenga que depender en sus crecientes necesidades de transporte de mercaderías y de pasajeros, sólo del aeropuerto Arturo Merino Benítez, situado en la comuna de Pudahuel.
El Comité de Desarrollo Urbano del Colegio de Arquitectos se opuso con fuerza al cambio de uso de suelo del terreno, aunque la Directiva de esa asociación gremial apoyó el negocio inmobiliario que se iba a ejecutar al interior del mismo. Muchos académicos universitarios, conocedores de la geografía de la región metropolitana, por razones de orden ambiental, también objetaron el cierre de la instalación aeroportuaria porque ésta, unida a las 2.000 hectáreas del mencionado cono de aproximación, conformaba un indispensable canal de ventilación. La Federación Aérea de Chile, por motivos de fácil entendimiento, emprendió acciones ante la Contraloría General de la República y ante los tribunales de justicia, haciendo valer la Ley de Bases del Medio Ambiente y sus legítimos derechos adquiridos. También el Colegio de Ingenieros cuestionó esa decisión tomada por Jaime Ravinet cuando ejercía como ministro de Vivienda y Urbanismo.
Con el objetivo de posibilitarse la erradicación de las actividades aéreas de Los Cerrillos, el Ministerio de Bienes Nacionales transfirió gratuitamente el 29 de Julio de 2005 las 254 hectáreas al Serviu Metropolitano para que éste “desarrolle programas propios de su competencia” (sic). Y para no andarse con chicas, ese ministerio autorizó al servicio beneficiario para enajenarlo en el plazo de 5 años, a partir de la fecha de la inscripción del dominio y hasta donde sabemos una conocida inmobiliaria ya ha adquirido unas cuantas hectáreas para construir una serie de equipamientos.
Pero, a pesar de toda la parafernalia del establishment que asegura la plena vigencia de la probidad administrativa y transparencia en los actos del Ejecutivo, nos hemos impuesto que el decreto supremo Nº 74 del 29 de Julio de 2005, elaborado por la División Jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales, cuya tramitación al interior del gobierno terminó el 24 de Noviembre de 2005 -¡oh, sorpresa!- no fue publicado en el Diario Oficial de nuestra República.
Así las cosas, más de algunos ciudadanos se podrían preguntar: ¿qué razones de peso tuvo el Ejecutivo de entonces para no ceñirse al artículo 48º de la Ley Nº 19.880, que ordena la publicación de ese decreto supremo en el Diario Oficial?
¿Por qué el gobierno pasado no quiso que la ciudadanía conociera los detalles de la transferencia gratuita de esas 254 hectáreas de Bienes Nacionales al Serviu? ¿Por qué se empleó esa insana práctica del secretismo? ¿En qué quedó la probidad y la transparencia?, conceptos de los cuales tanto se habla para ilusionar a los inocentes.
Patricio Herman P. Fundación “Defendamos la Ciudad”
Movimiento de convergencia ciudadana en defensa de la cultura y la identidad de los espacios locales.
martes, febrero 05, 2008
ANTICORRUPCIÓN: EFE O EL RECUENTO DE UN ESCÁNDALO
LA SECUENCIA QUE HA LLEVADO EL MOSTRADOR DEL CASO EFE. 4 de Febrero del 2008 |
Informe de Contraloría señala que el desorden administrativo de la estatal continuó hasta 2007. Según el documento, en 2006 se contrató el diseño de un nuevo sistema de gestión que el actual directorio todavía no pone en marcha. Por ello, aún se utiliza la normativa de 2004 y cada gerencia contrata las asesorías por su cuenta, sin control. |
3 de Febrero del 2008 |
Integrante de comisión investigadora asegura que en la empresa estatal ''nadie controlaba nada'', por lo que no le extraña que el juez Omar Astudillo descubriera facturas falsas. De todos modos, está optimista con los procesos judiciales en curso, pues a su parecer se están concentrando en los mandos superiores responsables de ''un escándalo de corrupción sin prcedentes''. |
1 de Febrero del 2008 |
Documentos fueron usados por el operador de la estatal Rodrigo Tagle para que empresarios acreditaran el pago de las ''comisiones''. Si bien el ministro Omar Astudillo dejó libre -luego de dos días detenido- al empresario detrás de Aymond Outsourcing, Jose Miguel Bagioli, esto sólo fue una estrategia judicial con miras a futuros procesamientos. |
31 de Enero del 2008 |
Informe de Contraloría establece obras de mala calidad, ampliaciones de contrato donde faltan documentos y el sobrepago de $ 363 millones, adicionales a los $ 1.342 millones acordados con la empresa Flesan Ingeniería. Esto, pese a que el presupuesto original ya se había reducido en $ 400 millones, lo que obligó dejar fuera el mejoramiento de otras instalaciones. |
30 de Enero del 2008 |
Documento entrega panorama de cómo algunos convenios incluso duplicaron su valor. Ayer, la Alianza reveló que en la presidencia de Luis Ajenjo, las asesorías subieron ostensiblemente. Ministro Omar Astudillo resolvió dejar en libertad por falta de méritos al dueño de Aymond Outsourcing, José Miguel Bagioli. |
29 de Enero del 2008 |
Antes de iniciar sus vacaciones, el ministro Omar Astudillo realiza la última diligencia ligada al posible uso de facturas falsas por parte de la estatal o uno de sus subcontratatistas. Aymond Outsourcing, de propiedad de Bagioli, había sido objetada por los servicios que prestó al comando de campaña del senador Guido Girardi. |
29 de Enero del 2008 |
El primero fue jefe de la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito, el segundo su brazo derecho. Dourthé se fue a la estatal en 2003, mientras Salamanca realizó asesorías de seguridad -en total cuatro por $ 50 millones- sin que éstas fueran licitadas. Dourthé, según el organismo revisor no entregó los informes de otras seis empresas asesoras de EFE. Cuando los auditores fueron a requerirlas a sus oficinas, éstas no existían. |
26 de Enero del 2008 |
Aunque la versión oficial fue que el alejamiento respondió a razones personales, fuentes de la empresa explicaron que el clima interno está enrarecido por los comentarios de pasillo, debido a la permanencia en el directorio de la emisora del ex titular de Ferrocarriles. |
25 de Enero del 2008 |
Decisión del juez Omar Astudillo se adoptó el mismo día en que la timonel DC, Soledad Alvear, visitó al titular de la Suprema. Consultada si no creía inapropiada la cita, en vista del complejo escenario del ex titular de la estatal, respondió molesta: ''me parece una falta de respeto la pregunta, vine a ver el tema del maltrato infantil, muchas gracias''. |
24 de Enero del 2008 |
El trámite legal contra Luis Ajenjo, que se llevó a cabo en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, lo efectuó el abogado Cristián Letelier acompañado de la senadora gremialista Evelyn Matthei y el diputado Claudio Alvarado. |
24 de Enero del 2008 |
Ex presidente de la estatal y actual titular del directorio de Cooperativa estará alejado por seis meses prorrogables mientras se desarrollan las investigaciones en el Ministerio Público y en la antigua justicia del crimen. Dificultades internas se agudizan tras expulsión de Zaldívar y renuncia de diputados colorines. |
23 de Enero del 2008 |
Otrora ejecutivo de la estatal fue querellado por el Consejo de Defensa del Estado por malversación de caudales públicos. |
22 de Enero del 2008 |
Abogado de la Alianza pidió al juez Omar Astudillo que declaren como inculpados -paso previo a un eventual procesamiento- el ex presidente de la estatal Luis Ajenjo (DC) y los otrora gerentes Eduardo Castillo y Jorge Letelier de la Cruz. Este último aparece vinculado a contratos de alhajamiento de oficinas que desembocaron en un posible fraude por $80 millones. |
21 de Enero del 2008 |
Beneficio fue concedido por arista que investiga ministro en visita Astudillo y el individuo permanecerá en prisión debido a causa paralela en el nuevo sistema penal. |
18 de Enero del 2008 |
Objetivo es que el organismo estatal inicie acciones legales para establecer la responsabilidad del directorio encabezado por Luis Ajenjo, que llevó a la empresa ferroviaria a su actual crisis financiera. |
Movimiento de convergencia ciudadana en defensa de la cultura y la identidad de los espacios locales.
Anticorrupción: lo último en el caso EFE
El Mostrador, 4 de Febrero de 2008
Cuando Luis Ajenjo integraba ambos directorios
Exclusivo: EFE firmó contrato con Metro por $ 312 millones sin licitación
por Jorge Molina Sanhueza
Informe de Contraloría señala que el desorden administrativo de la estatal continuó hasta 2007. Según el documento, en 2006 se contrató el diseño de un nuevo sistema de gestión que el actual directorio todavía no pone en marcha. Por ello, aún se utiliza la normativa de 2004 y cada gerencia contrata las asesorías por su cuenta, sin control.
Suman y siguen las irregularidades detectadas por la Contraloría en la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), en el período que fue presidente del directorio el querellado y suspendido militante DC Luis Ajenjo. Pero también se amplían a la actualidad, como si se trata de una práctica atávica.
Esta vez el organismo fiscalizador, en un informe al que tuvo acceso El Mostrador.cl, estableció que EFE suscribió en 2005 un contrato con la empresa Metro por US$ 581.910 (unos $ 312 millones con el precio del dólar de la época a $537) sin se que llamara a licitación, pese a que estaba obligada a ello. Lo llamativo es que Ajenjo era miembro de los dos directorios cuando sucedió.
Según el documento Nº 100.262 de la División de Vivienda Obras Públicas y Transportes de la Contraloría, fechado el 31 de diciembre de 2007, EFE omitió -sin entregar fundamento alguno- el llamado a licitación que la ley obliga cuando se trata de proyectos de más de diez mil UF.
Claramente es posible sostener que este tipo de prácticas sucedían durante de la administración Ajenjo, como ha quedado demostrado en los primeros informes de la Contraloría, en materia de irregularidades administrativas y como delito en las investigaciones que lleva la Fiscalía Centro Norte y el ministro en visita Omar Astudillo, en el marco de la justicia antigua.
Pero evidentemente se estimó que se trataba de comportamientos organizacionales que podían ser modificados y mejorar así la gestión.
Por esta razón, en 2006 EFE contrató los servicios de la consultora Figueroa, Valenzuela y Compañía Limitada -por $ 46 millones- para que redactara un nuevo reglamento de adquisiciones de bienes muebles y contratación de servicios, según consta en el informe mencionado, como también en el Nº 24.823, del 29 de noviembre de 2007.
Pero las 55 horas profesionales contratadas sirvieron de poco, ya que a más de un año, según la Contraloría, las gerencias siguen operando con una resolución de junio 2004, elaborada en plena gestión de Ajenjo. Y peor aún, cuando fue solicitado el informe de la consultora, “éste no fue proporcionado”.
Y como si se tratara de una comedia de errores, el instructivo de 2004 que se quería modificar, tampoco está siendo cumplido. Primero, las adquisiciones de más de mil UF debieran publicarse en la página web, pero ello no ocurrió.
Se suma que la normativa establece áreas de control que tampoco se ajustan a la estructura organizacional, generando que la fiscalización interna de los procedimientos está en manos de personas a las que no les corresponde.
Las excusas...
En la respuesta entregada por EFE a la Contraloría que ingresó el pasado 24 de diciembre, el gerente general interino, Jorge Inostroza, responde que las nuevas normas para las adquisiciones no han podido ser llevadas a cabo por la falta de presupuesto, pero además porque el propio directorio no las ha sancionado. Ese órgano es dirigido hoy por el DC Jorge Rodríguez Grossi.
Para el caso de las publicaciones en la web, la respuesta es igual a la anterior. Por último, para el resto de las observaciones, Inostroza pide más tiempo.
Prácticas de este tipo son las que tienen a La Moneda muy preocupada, no sólo por las investigaciones criminales que se llevan, sino por la sensación que ha logrado imponer la derecha de que en EFE la corrupción anduvo y anda a la orden del día.
Por esta razón, este jueves 31 se reunieron por más de una hora el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, con Rodríguez Grossi, el fiscal de EFE, Luis Sánchez Castellón, y el director de Presupuesto, Alberto Arenas.
Según la versión consignada el sábado por el diario La Tercera, el encuentro se deriva de la preocupación profunda de dos grandes hechos que se avecinan como un ventarrón.
El primero, la citación del ex Presidente Lagos a la Comisión Investigadora de la Cámara por el caso EFE y, segundo, el desarrollo financiero que la firma debe presentar al Congreso en abril.
Y es que más allá de la buena voluntad de Lagos para llevar adelante un proceso de modernización en EFE y la millonaria inyección de recursos, lo concreto es que los malos manejos financieros tienen a la empresa con una deuda de mas de US$ 1.000 millones.
En suma, EFE comienza a transformarse en el nuevo Transantiago. Una empresa que no se autofinancia y sólo genera pérdidas. Sin duda un dulce para la derecha.
____________
ADEMÁS:
Vea el informe de la Contraloría (en PDF)
Vea lo último del caso EFE
Movimiento de convergencia ciudadana en defensa de la cultura y la identidad de los espacios locales.
Cuando Luis Ajenjo integraba ambos directorios
Exclusivo: EFE firmó contrato con Metro por $ 312 millones sin licitación
por Jorge Molina Sanhueza
Informe de Contraloría señala que el desorden administrativo de la estatal continuó hasta 2007. Según el documento, en 2006 se contrató el diseño de un nuevo sistema de gestión que el actual directorio todavía no pone en marcha. Por ello, aún se utiliza la normativa de 2004 y cada gerencia contrata las asesorías por su cuenta, sin control.
Suman y siguen las irregularidades detectadas por la Contraloría en la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), en el período que fue presidente del directorio el querellado y suspendido militante DC Luis Ajenjo. Pero también se amplían a la actualidad, como si se trata de una práctica atávica.
Esta vez el organismo fiscalizador, en un informe al que tuvo acceso El Mostrador.cl, estableció que EFE suscribió en 2005 un contrato con la empresa Metro por US$ 581.910 (unos $ 312 millones con el precio del dólar de la época a $537) sin se que llamara a licitación, pese a que estaba obligada a ello. Lo llamativo es que Ajenjo era miembro de los dos directorios cuando sucedió.
Según el documento Nº 100.262 de la División de Vivienda Obras Públicas y Transportes de la Contraloría, fechado el 31 de diciembre de 2007, EFE omitió -sin entregar fundamento alguno- el llamado a licitación que la ley obliga cuando se trata de proyectos de más de diez mil UF.
Claramente es posible sostener que este tipo de prácticas sucedían durante de la administración Ajenjo, como ha quedado demostrado en los primeros informes de la Contraloría, en materia de irregularidades administrativas y como delito en las investigaciones que lleva la Fiscalía Centro Norte y el ministro en visita Omar Astudillo, en el marco de la justicia antigua.
Pero evidentemente se estimó que se trataba de comportamientos organizacionales que podían ser modificados y mejorar así la gestión.
Por esta razón, en 2006 EFE contrató los servicios de la consultora Figueroa, Valenzuela y Compañía Limitada -por $ 46 millones- para que redactara un nuevo reglamento de adquisiciones de bienes muebles y contratación de servicios, según consta en el informe mencionado, como también en el Nº 24.823, del 29 de noviembre de 2007.
Pero las 55 horas profesionales contratadas sirvieron de poco, ya que a más de un año, según la Contraloría, las gerencias siguen operando con una resolución de junio 2004, elaborada en plena gestión de Ajenjo. Y peor aún, cuando fue solicitado el informe de la consultora, “éste no fue proporcionado”.
Y como si se tratara de una comedia de errores, el instructivo de 2004 que se quería modificar, tampoco está siendo cumplido. Primero, las adquisiciones de más de mil UF debieran publicarse en la página web, pero ello no ocurrió.
Se suma que la normativa establece áreas de control que tampoco se ajustan a la estructura organizacional, generando que la fiscalización interna de los procedimientos está en manos de personas a las que no les corresponde.
Las excusas...
En la respuesta entregada por EFE a la Contraloría que ingresó el pasado 24 de diciembre, el gerente general interino, Jorge Inostroza, responde que las nuevas normas para las adquisiciones no han podido ser llevadas a cabo por la falta de presupuesto, pero además porque el propio directorio no las ha sancionado. Ese órgano es dirigido hoy por el DC Jorge Rodríguez Grossi.
Para el caso de las publicaciones en la web, la respuesta es igual a la anterior. Por último, para el resto de las observaciones, Inostroza pide más tiempo.
Prácticas de este tipo son las que tienen a La Moneda muy preocupada, no sólo por las investigaciones criminales que se llevan, sino por la sensación que ha logrado imponer la derecha de que en EFE la corrupción anduvo y anda a la orden del día.
Por esta razón, este jueves 31 se reunieron por más de una hora el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, con Rodríguez Grossi, el fiscal de EFE, Luis Sánchez Castellón, y el director de Presupuesto, Alberto Arenas.
Según la versión consignada el sábado por el diario La Tercera, el encuentro se deriva de la preocupación profunda de dos grandes hechos que se avecinan como un ventarrón.
El primero, la citación del ex Presidente Lagos a la Comisión Investigadora de la Cámara por el caso EFE y, segundo, el desarrollo financiero que la firma debe presentar al Congreso en abril.
Y es que más allá de la buena voluntad de Lagos para llevar adelante un proceso de modernización en EFE y la millonaria inyección de recursos, lo concreto es que los malos manejos financieros tienen a la empresa con una deuda de mas de US$ 1.000 millones.
En suma, EFE comienza a transformarse en el nuevo Transantiago. Una empresa que no se autofinancia y sólo genera pérdidas. Sin duda un dulce para la derecha.
____________
ADEMÁS:
Vea el informe de la Contraloría (en PDF)
Vea lo último del caso EFE
Movimiento de convergencia ciudadana en defensa de la cultura y la identidad de los espacios locales.
Anticorrupción: caso EFE arriba a la estación terminal
El Mostrador, 5 de Febrero de 2008
La crisis de EFE en la literatura
Ferrocarriles arriba a la estación terminal
por Ana Rodríguez Silva
Fraude al fisco, malversación de caudales públicos y abultamiento de contratos. Figuras literales y también literarias, que son el preludio de un medio de transporte cuyo descarrilamiento anticipó el cronista Juan Pablo Meneses. Son letras bucólicas pero certeras que van de vagón de cola en esta historia.
Quién necesita un tren en Chile. Quién necesita un cierre é claire que atraviese la larga y angosta geografía de un país con territorios tan inexpugnables y disímiles. A quién le importa el valor y la importancia que tuvieron los ferrocarriles en el pasado. Que comenzó con la llegada de la revolución industrial y sus máquinas que ayudaron al transporte del salitre y el cobre hacia los puertos, en una travesía a la que probablemente debemos las riquezas pasadas y presentes del país.
Abundancias que hoy yacen en el abandono de las estaciones y en la miseria de quienes todavía esperan con fe que las locomotoras vuelvan a recorrer las líneas en desuso, y que el cronista Juan Pablo Meneses plasma certeramente en su texto “El tren del Presidente Kennedy”, presente en su libro de crónicas “Equipaje de Mano” (Ed. Planeta, 2003).
Meneses hace el recorrido desde Temuco hasta Puerto Montt. Una “extremidad gangrenada” que comenzó a extirparse en 1992 durante el gobierno de Patricio Aylwin y que, como una intervención quirúrgica, terminó de eliminarse en 1997 con Frei Ruiz –Tagle, cuando se suprimió definitivamente el transporte de pasajeros en ese tramo.
No hay mayor venganza que el olvido, cita Meneses a Jorge Luis Borges en su escrito, graficando una penosa trayectoria de promesas electorales vacías a las que se aferran los que todavía sobreviven a la catástrofe financiera de Ferrocarriles del Estado: La siguiente parada es Quitratué. Un perro manco con alma de burócrata da la bienvenida en una estación que por su empecinado deterioro podría, perfectamente, transformarse en un museo al aire libre de las víctimas del progreso, reseña el cronista.
Porque al parecer a todos se nos extravió el recuerdo del medio de transporte al que debemos la unificación del territorio chileno. Integración que, según Ernesto Vargas, permitió que el sur se conectara con la zona central, que se penetrara la Araucanía y que se formaran “pueblos chiquititos que después fueron creciendo y que ahora son las ciudades que todos conocemos, las que están a distancias estándar, lo que tiene que ver con el tiempo que requerían las locomotoras para reabastecerse”.
Vargas es el responsable de la agrupación Amigos del Tren, que desde 2000 mantiene un sitio en Internet (www.amigosdeltren.cl) dedicado a la divulgación de publicaciones y material de investigación relativo a ferrocarriles. Para él, la crisis de este medio de transporte se remonta al mal uso que se hizo desde la época del auge calichero, en que se despilfarraron los recursos. Desde ahí, pasando por el descuido frontal durante el régimen militar, cuando Pinochet apoyó a los camioneros que antes le dieron soporte y abandonó a los trenes, hasta hoy y los escándalos financieros que rodean a EFE.
“Todas las decisiones de los trenes son políticas, desde el Presidente Balmaceda en adelante y eso no tiene nada de extraordinario”, nos recordaba el presidente del Sistema de Empresas Públicas, Patricio Rojas, en medio de la escandalera. “Estas cosas le quitan total credibilidad y aunque hubiera un proyecto serio será imposible sacarle de encima esta imagen”, dice Vargas. “Es muy probable que ya no haya más ferrocarriles”, relata con pesar. Un lamento teñido de esperanza que se respira a lo largo de toda la crónica de Meneses:
-Yo viajaba con mi papá a Santiago y lo pasaba genial. A mi marido lo conocí en el tren. Esta estación de Máfil era muy importante. La más importante de la zona, de verdad. Ojalá que algún día vuelva. Pero más rápido y más puntual. Lo bueno del tren es que es más cómodo y seguro, pero muy lento. Dicen que si vuelve, será más veloz.
- ¿Quién dice?
- No sé. La gente. El gobierno lo ha dicho, ¿no? Lo único bueno sería que si de verdad vuelve, sea con un mejor servicio. ¿No es a eso a lo que se comprometió el señor Ricardo Lagos en la campaña? Todos los candidatos a presidente se han comprometido a retomar el servicio, esperamos que esta vez se cumpla”.
______________________________________________________
Movimiento de convergencia ciudadana en defensa de la cultura y la identidad de los espacios locales.
La crisis de EFE en la literatura
Ferrocarriles arriba a la estación terminal
por Ana Rodríguez Silva
Fraude al fisco, malversación de caudales públicos y abultamiento de contratos. Figuras literales y también literarias, que son el preludio de un medio de transporte cuyo descarrilamiento anticipó el cronista Juan Pablo Meneses. Son letras bucólicas pero certeras que van de vagón de cola en esta historia.
Quién necesita un tren en Chile. Quién necesita un cierre é claire que atraviese la larga y angosta geografía de un país con territorios tan inexpugnables y disímiles. A quién le importa el valor y la importancia que tuvieron los ferrocarriles en el pasado. Que comenzó con la llegada de la revolución industrial y sus máquinas que ayudaron al transporte del salitre y el cobre hacia los puertos, en una travesía a la que probablemente debemos las riquezas pasadas y presentes del país.
Abundancias que hoy yacen en el abandono de las estaciones y en la miseria de quienes todavía esperan con fe que las locomotoras vuelvan a recorrer las líneas en desuso, y que el cronista Juan Pablo Meneses plasma certeramente en su texto “El tren del Presidente Kennedy”, presente en su libro de crónicas “Equipaje de Mano” (Ed. Planeta, 2003).
Meneses hace el recorrido desde Temuco hasta Puerto Montt. Una “extremidad gangrenada” que comenzó a extirparse en 1992 durante el gobierno de Patricio Aylwin y que, como una intervención quirúrgica, terminó de eliminarse en 1997 con Frei Ruiz –Tagle, cuando se suprimió definitivamente el transporte de pasajeros en ese tramo.
No hay mayor venganza que el olvido, cita Meneses a Jorge Luis Borges en su escrito, graficando una penosa trayectoria de promesas electorales vacías a las que se aferran los que todavía sobreviven a la catástrofe financiera de Ferrocarriles del Estado: La siguiente parada es Quitratué. Un perro manco con alma de burócrata da la bienvenida en una estación que por su empecinado deterioro podría, perfectamente, transformarse en un museo al aire libre de las víctimas del progreso, reseña el cronista.
Porque al parecer a todos se nos extravió el recuerdo del medio de transporte al que debemos la unificación del territorio chileno. Integración que, según Ernesto Vargas, permitió que el sur se conectara con la zona central, que se penetrara la Araucanía y que se formaran “pueblos chiquititos que después fueron creciendo y que ahora son las ciudades que todos conocemos, las que están a distancias estándar, lo que tiene que ver con el tiempo que requerían las locomotoras para reabastecerse”.
Vargas es el responsable de la agrupación Amigos del Tren, que desde 2000 mantiene un sitio en Internet (www.amigosdeltren.cl) dedicado a la divulgación de publicaciones y material de investigación relativo a ferrocarriles. Para él, la crisis de este medio de transporte se remonta al mal uso que se hizo desde la época del auge calichero, en que se despilfarraron los recursos. Desde ahí, pasando por el descuido frontal durante el régimen militar, cuando Pinochet apoyó a los camioneros que antes le dieron soporte y abandonó a los trenes, hasta hoy y los escándalos financieros que rodean a EFE.
“Todas las decisiones de los trenes son políticas, desde el Presidente Balmaceda en adelante y eso no tiene nada de extraordinario”, nos recordaba el presidente del Sistema de Empresas Públicas, Patricio Rojas, en medio de la escandalera. “Estas cosas le quitan total credibilidad y aunque hubiera un proyecto serio será imposible sacarle de encima esta imagen”, dice Vargas. “Es muy probable que ya no haya más ferrocarriles”, relata con pesar. Un lamento teñido de esperanza que se respira a lo largo de toda la crónica de Meneses:
-Yo viajaba con mi papá a Santiago y lo pasaba genial. A mi marido lo conocí en el tren. Esta estación de Máfil era muy importante. La más importante de la zona, de verdad. Ojalá que algún día vuelva. Pero más rápido y más puntual. Lo bueno del tren es que es más cómodo y seguro, pero muy lento. Dicen que si vuelve, será más veloz.
- ¿Quién dice?
- No sé. La gente. El gobierno lo ha dicho, ¿no? Lo único bueno sería que si de verdad vuelve, sea con un mejor servicio. ¿No es a eso a lo que se comprometió el señor Ricardo Lagos en la campaña? Todos los candidatos a presidente se han comprometido a retomar el servicio, esperamos que esta vez se cumpla”.
______________________________________________________
Movimiento de convergencia ciudadana en defensa de la cultura y la identidad de los espacios locales.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)