lunes, abril 21, 2008

ANTICORRUPCION CASO EFE: Luis Ajenjo es formalizado por ocho delitos de fraude al fisco

El Mostrador, 21 de Abril de 2008 Jorge Molina Sanhueza

Se complica panorama judicial del ex presidente de EFE
Luis Ajenjo es formalizado por ocho delitos de fraude al fisco
El fiscal Juan Manuel Ramírez detalló que Patricio de Gregorio no realizó las asesorías -por las que recibió más de $ 14 millones- y que desde la estatal se encubrieron los dobles pagos y la ausencia de informes y trabajos no realizados. Tanto este último como los ex gerentes general y de tecnología, Eduardo Castillo y Claudio Carreño fueron imputados por el mismo ilícito.



El actual presidente del directorio de Radio Cooperativa y ex de EFE, el suspendido DC Luis Ajenjo, fue formalizado esta mañana por ocho delitos de fraude al fisco reiterado por la suma de $ 14.400.000 pesos, entre octubre de 2005 a junio de 2006.

La imputación de los cargos la realizó la fiscal regional Centro Norte Sonia Rojas y el perseguidor que lleva la investigación Juan Manuel Ramírez, en el Séptimo Juzgado de Garantía.

Se suman, con el mismo ilícito, el ex general Eduardo Castillo (dos delitos) y el ex gerente de Administración y Tecnología Claudio Carreño (ocho delitos), como también Patricio de Gregorio (10 delitos), hermano de José, presidente del banco Central, por asesorías irregulares, que conforman la piedra angular de de la imputación de cargos de parte del Ministerio Público. Esto porque la suma señalada fue percibida por De Gregorio como sueldo durante ese período.

Alfombra roja

El Departamento de Comunicaciones del Poder Judicial lo había previsto. La Sala del Séptimo Juzgado de Garantía estaría repleta por la atención que concita Ajenjo. Por esta razón solicitó el fin de semana a los periodistas que cubren las alternativas del sector tribunales que llegaran temprano al centro de justicia para lograr un buen “acomodo”.

Así a eso e las 8.00 los reporteros comenzaron a hacer su arribo. Luego lo hicieron los abogados Cristián Letelier, representante de la Alianza; Cedric Bragado, por Ajenjo; Jorge Gálvez por Claudio Carreño; Ramón Briones hijo por De Gregorio; Jorge Martínez por Eduardo Castillo; Elia Puente Garrido por EFE y las profesionales del Consejo de Defensa del Estado, Rosa María Espinoza, Mariela Dentone y la consejera del Comité Penal, María Inés Horvitz. Al mismo tiempo, llegó el fiscal Ramírez y su jefa, la perseguidora regional Centro Norte, Sonia Rojas. Luego los imputados.

Sin duda el que mayor expectación causó fue Ajenjo, quien con caminar seguro enfrentó los las luces de las cámaras.

De Gregorio llegó tarde a la audiencia y se comentaba que no vendría, aunque no pasó de ser una anécdota, ya que junto a su defensor privado hizo ingreso a la sala de audiencias.

Cuatro jinetes

La fiscal Sonia Rojas centró los argumentos de la formalización en cuatro puntos: dobles pagos, trabajos pagados que no se realizaron, conocimiento de los superiores de la inexistencia de los trabajos y la no correspondencia respecto a contraprestaciones. Todos estos hechos conforman la suma de $ 14 millones cuatrocientos mil.

Rojas detalló que la fórmula ocupada por EFE fue que De Gregorio, gracias a la autorización de Ajenjo, Castillo y Carreño, pudo recibir el dinero sin haber trabajado.

Contrario a lo que se esperaba el fiscal Juan Manuel Ramírez, no pidió la presión preventiva, sino sólo medidas cautelares como la firma mensual, no acercarse a otros imputados y arraigo nacional.

Ramírez inició la exposición de sus argumentos ante el magistrado haciendo un resumen de la estructura de EFE al momento de los hechos investigados (2003-2005).

El fiscal aseguró que fue el propio Carreño incluso de otros funcionarios comenzaron las primera sospechas del por qué trabaja en la estatal.

Según el fiscal hay dos momentos. El primero entre agosto a diciembre donde se le pagan sus honorarios a través de la empresa Consolida por $ 1 millón 111 mil. Entre enero y junio de 2005 se duplica el pago a $ 2 millones 222 mil.

“Hay ausencia de contrato entre EFE y de Gregorio, sólo carta oferta 4 octubre de 2005. Podemos destacar que la redacción es vaga. No es acorde a la contratación de servicios ni al reglamento interno”, dijo Ramírez.

Copipasteo

El perseguidor penal explicó que sólo se hallaron seis informes de Patricio de Gregorio, versus las nueva boletas que entregó.

Los autores de tres de los informes declararon en la fiscalía y aseguraron que Ajenjo se los copió. Y respecto de los otros, sería la misma situación.

El fiscal explicó que incluso se llegó a la desfachatez de hacer sólo minutos antes un informe para enviarlo a en mayo de 2006 cuando ya estaba desvinculado de la firma, sólo con el fin de que le pagaran una última boleta. Claramente era copiado.

A mayor abundamiento, Ramírez reveló un correo de Guillermo Díaz, quien siguió en la presidencia del directorio de EFE después de Ajenjo.

“Esta es una presentación teórica”, escribió Díaz en un correo electrónico, lo que para el fiscal se explica por la sola razón de que De Gregorio quería seguir manteniendo el mismo sistema de recibir dinero sin trabajar.

Tiempo y dinero

La historia de la imputación de cargos realizada hoy, se remonta al testimonio entregado por Carreño a la fiscalía en noviembre de 2007, cuando se inició esta indagatoria y en la que señaló que Ajenjo había autorizado el mencionado pago a De Gregorio, por asesorías relativas a la venta de derechos de agua que EFE tenía en la Primera Región.

El problema se produce porque parte de los documentos que entregó este último, fueron copiados íntegramente desde Internet, lo que a juicio del organismo perseguidor, constituye fraude al fisco. De hecho los mismos análisis fueron vendidos, sin cambio alguno a otras entidades.

En este mismo caso es parte el Consejo de Defensa del Estado, pero el organismo estimó que se configuraba el ilícito de malversación de caudales públicos, haciéndose parte a través de una querella. La Alianza también presentó un libelo.

Actualmente el caso EFE es investigado, además, en el marco del sistema antiguo, por el ministro en visita Omar Astudillo.

En esta investigación está sometido a proceso un operador de EFE, Rodrigo Tagle, por varios casos de estafa al fisco, ya que se embolsó, abultando contratos con empresarios, poco más de $ 100 millones, en la aristas relacionada con el alhajamiento de las oficinas de la estatal en Morandé 115.

El magistrado también encausó a otro ex gerente de EFE, Claudio Carreño por fraude al fisco y negociación incompatible. A su vez ambos están formalizados por delitos similares en el Ministerio Público Centro Norte.

El Tribunal Supremo de la DC, recientemente, suspendió la militancia a Luis Ajenjo, mientras se aclara su situación judicial, cuestión que provocó un golpe al partido, ya que paralelamente, enfrentaban la crisis producida por la ida de Adolfo Zaldívar, en colorín. Uno de los argumentos que este último usó antes de “tirar el mantel” fue que la colectividad amparaba la corrupción.



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ANTICORRUPCIÓN: CASO EFE: Ajenjo presionó en oficinas de Cooperativa a testigo clave

El Mostrador
21 de Abril de 2008

Según el Consejo de Defensa del Estado
Ajenjo presionó en oficinas de Cooperativa a testigo clave en caso EFE
El Consejo de Defensa del Estado adelantó que ampliará la querella contra Ajenjo desde el delito de malversación de caudales públicos al de tráfico de influencias, y al igual que el Ministerio Público pidió que la justicia dicte prisión preventiva en su contra por ser un peligro para la continuidad de la investigación. [Actualizada]

Jorge Molina Sanhueza

La abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Rosa María Espinoza, reveló que el actual presidente del directorio de Radio Cooperativa, Luis Ajenjo, utilizó las oficinas de la emisora para presionar a uno de los testigos clave del Ministerio Público que lleva la investigación del caso EFE.

La profesional leyó el testimonio de Rolf Heller, ex contralor de la estatal cuando Ajenjo era presidente del directorio (2003-2006).

Rosa María Espinoza, quien calificó a Ajenjo como un imputado de “cuello blanco”, dijo que esta indagatoria revela el caso de “defraudación más grande que haya conocido la historia de Chile”.

A renglón seguido, la otra abogada del CDE presente en la audiencia, María Inés Horvitz, quien se desempeña como consejera del organismo en el Comité Penal, adelantó que ampliarán la querella presentada desde el delito de fraude al fisco al de tráfico de influencias.

Los dichos de las abogadas se enmarcan dentro de la argumentación que esgrimieron para que el juez de garantía del Séptimo Juzgado del Crimen, Juan Manuel Ramírez, decrete este lunes la prisión preventiva de Ajenjo por ser un peligro para la continuidad de la investigación.

En su relato, Espinoza dijo que Ajenjo a través de querellas criminales y distintos tipos de contactos, ha presionado constantemente a testigos de EFE.

Para este caso recordó la querella que interpuso en contra del nochero de EFE, lo que implicó que otros testigos, de menores ingresos económicos que Ajenjo declinaran entregar mayores antecedentes a la fiscalía.

La misma profesional, explicó además, y frente a la expectación de los asistentes a la audiencia que Ajenjo había tenido contactos internacionales con el fin de obstruir la investigación del Ministerio Público.

Para ello entregó unos correos electrónicos, en los cuales aparece una solicitud a los ejecutivos de la empresa española Renfe -a la cual EFE le compró los trenes que hoy presentan graves problemas- donde pide que los ejecutivos ibéricos no digan que los pasajes de sus viajes los pagó dicha firma, sino la estatal chilena.

Eso lo hizo Ajenjo, según el CDE, con el fin de encubrir su responsabilidad en otra arista del caso EFE, relacionada precisamente con que alguno de los ejecutivos de la estatal, como también Ajenjo habrían viajado en distintas oportunidades invitados a España, quedándose así con los viáticos y usando además para su beneficio el dinero de pasajes y estadía salidos de las arcas de la estatal.

FUENTE EL MOSTRADOR:


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viernes, abril 18, 2008

Las preguntas ambientales pendientes a dos años del cierre de Los Cerrillos

Desarrollo urbano
El Mercurio, Viernes 18 de Abril de 2008
Las preguntas ambientales pendientes a dos años del cierre de Los Cerrillos

RICHARD GARCÍA

La avioneta de Carabineros que cayó en Peñalolén a fines de febrero no sólo dejó once víctimas; también revivió el fantasma del aeródromo Los Cerrillos. A dos años del cierre del terminal aéreo, todavía quedan dudas respecto de si la decisión fue la más adecuada.

Lo reemplazaría uno de los proyectos estrella del bicentenario, la Ciudad Parque. Al principio parecía que se transformaría en el barrio de moda, que estaría hasta la casa presidencial, que pasaría el nunca habilitado tren suburbano hacia Melipilla. Hasta se especuló que el Congreso podría trasladarse allí. Cuando en septiembre de 2005 la Federación Aérea de Chile y la consultora Qualanz alertaron que no había estudio de impacto ambiental que garantizara la inocuidad del terreno, la autoridad perdió la compostura.

Qualanz advirtió sobre la potencial presencia en esos suelos de 50 tipos de desechos tóxicos, incluyendo sellantes, acetonas, anticorrosivos, cloros industriales, tolueno, resinas, nafta y siliconas.

Despejar dudas

La entonces ministra de Vivienda, Sonia Tschorne, replicó que se trataba de acusaciones al voleo y sin fundamentos.

Verónica Serrano, la seremi de Vivienda y gerenta del proyecto en ese momento, aseguró que su estudio de riesgo de contaminación arrojó sólo 6 hectáreas (3%) de la superficie con algún grado de contaminación. Llamó a la comunidad a estar tranquila, que se revisarían 30 hectáreas "para despejar todas las dudas". Prometió un estudio de $80 millones para determinar cómo se haría la remediación (saneamiento) de los suelos.

Lo realizó en 2006 el Grupo Residuos Sólidos de la Escuela en Construcción, Facultad de Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Según el ingeniero Marcel Szantó, autor principal del plan de descarte de contaminación de Cerrillos, encargado por el Serviu, se hizo un trabajo riguroso.

"La consultora Andalué determinó las zonas de probable contaminación, e hicimos un estudio a fondo de esa superficie. La tomamos, la volvimos a clasificar y ampliamos el rango de influencia según la difusión de los contaminantes", explica.

El trabajo implicó hacer sondeos en la pista central, donde no detectaron nada, y también excavaciones para retirar los ramales de tuberías de distribución de combustible y los estanques que los contenían.

Cuenta que limpiaron 441 metros cuadrados (equivalente al 0,02% de la superficie total). En algunos puntos se hizo saneamiento del mismo, algunas veces por simple aireación. "No quedó nada, fuimos acuciosos".

Contrasta su visión frente al testimonio de ex usuarios de la pista: "Cuando yo era niño eso estaba lleno de aceite y nadie se preocupaba de retirarlo. Por lo menos hay 20 a 30 años de material filtrado a las napas subterráneas", asegura Gonzalo Parraguez, presidente de la Asociación Nacional de Aeronavegación Comercial.

Todo retirado

Pero Szantó se mantiene firme. "Había gente que decía que hubo una carga contaminante tremenda; sin embargo, no fue eso lo que encontré. Si la FACh hubiese hecho un mal trabajo, habríamos encontrado combustible, pero ellos tienen protocolos estrictos. Incluso quedamos sorprendidos por las pequeñas fallas que encontramos en los tanques de combustible porque se esperaba que tuvieran un deterioro mucho mayor, pero algunos estaban intactos".

Szantó y su asistente Marcia Esparza reconocen que hubo un área de tanques en la que recomendaron extracción y saneamiento, pero que no se hizo durante su estudio ya que todavía estaba ocupada por la FACh.

Juan Manuel Sánchez, subdirector de Ciudad Parque, asegura que el material contaminante recolectado se llevó a un vertedero especial y los estanques los recogió Gerdau Aza.

EN CIFRAS

245 hectáreas abarca el Proyecto Ciudad Parque Bicentenario en el surponiente de Santiago

50 hectáreas de áreas verdes se construirán en el proyecto

7.432 hectáreas integran el cono de aproximación que se proyecta desde la pista de aterrizaje del aeropuerto

Gobierno defiende el proyecto y su impacto

El subdirector del proyecto Ciudad Parque Bicentenario, Juan Manuel Sánchez, dice que el tema de suelo contaminado está absolutamente cerrado y que su preocupación ambiental no se ha limitado solamente a eso.

Enfatiza que la misma creación del parque interior apunta a reducir la contaminación ambiental y mejorar la calidad de vida ya que su tamaño está pensado para compensar proporcionalmente las emisiones que los 15 mil residentes de Ciudad Parque produzcan.

También contempla un desincentivo del uso del automóvil al interior del complejo a través del empleo de medios alternativos.

Destaca que con la empresa alemana GTZ están estudiando el potencial de utilización de energías renovables no convencionales involucrando en ello eficiencia energética y la utilización de los desperdicios, tanto de la poda como de la basura orgánica domiciliaria.

Son todas iniciativas clave, destacó, que apuntan a generan cambios tendenciales en la manera de hacer ciudad.

"En el tema ambiental estamos llevando la delantera", asegura. Admite que todavía no se ha construido ningún proyecto habitacional pero que en un par de meses licitarán los paños para vivienda. Cencosud ya compró un terreno para construir un supermercado cuando lleguen los residentes.




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jueves, abril 17, 2008

Análisis de la Destitución

El Mostrador
17 de Abril de 2008
Análisis: Zaldívar y Flores destituyeron a Provoste

Esa es la conclusión final si se analiza con calma el resultado de la votación. Pero existe una segunda derivada ciudadana, y es que el resultado es un párele a la irresponsabilidad e incompetencia. Para la gente de a pie, cuando hay desorden o corrupción, alguien tiene que pagar, incluso en este caso en que muchos tienen dudas de que la Ministra sea la responsable directa de lo ocurrido en el Ministerio de Educación. Como quiera que se analice, la destitución de Yasna Provoste marca un punto de inflexión, no solo de la política ingenua del actual gobierno, sino del escenario político presidencial.

Políticamente el caso tiene una importancia bastante menor. Es netamente atribuible a una impericia del propio Ejecutivo, y su resultado no trae nada nuevo al escenario político. En pocos meses será más bien un hecho anecdótico acerca de la disciplina concertacionista con el Gobierno en un tema que, en estricto rigor y en privado, muchos de sus miembros consideran tiene mérito jurídico.

Lo que sí es notorio es la vaciedad doctrinaria, política y jurídica de los discursos que rodearon la acusación, la pirotecnia mediática de la ministra, y el hecho de que una institución central de un sistema político moderno, como es el control político, quedó mayoritariamente librada a un manoseo insustancial por parte de acusadores y acusados.

El escenario político sigue igual al de marzo de este año. Los senadores Zaldívar y Flores se fueron de la Concertación criticando la “ideología de la corrupción” y la “incompetencia política” del conglomerado. ¿Alguien esperaba de verdad que votarían a favor de Provoste? Se puede estar en desacuerdo con ellos pero nadie puede negar que han tenido consecuencia con sus posturas del año pasado. Por lo mismo, tenía poco sentido ir a pedirles que votaran por el Gobierno.

Con los senadores Cantero y Bianchi también existía algo parecido, a menos que se pensara que pudiera comprarse su conciencia o voluntad política con algunos millones en obras para sus regiones. Lo que, por lo demás, habría hablado mal del gobierno pues hubiera mostrado una faceta negra que felizmente no ha alcanzado del todo a nuestro país. Y sobre todo, ¿con qué objeto? ¿Acaso salvando a la ministra se acaba el desorden en Educación?

Más bien, queda la sensación de que ambos grandes bloques, Concertación y Alianza, están a merced de unos pocos votos y que, tal como ocurrió en la elección de autoridades para el Parlamento en el mes de marzo, ambas están empatadas y a la espera de las elecciones municipales para clarificarse un poco. Decir que se ha iniciado el desalojo o entender lo ocurrido como una gran victoria o una amenaza a la democracia, carece de sentido.

Aunque el escenario legislativo no cambió sustantivamente, existe un detalle que conviene subrayar. Los argumentos esgrimidos y la composición de escena acercaron el tema peligrosamente al centro mismo del Ejecutivo, esto es, a la Presidenta de la República.

Ello se vio incentivado por la estrategia “de bloque” del Gobierno, y su insistencia por presentar un caso de control político (al menos opinable o dudoso) como un acto de ingobernabilidad inducido por la oposición. Y como no hubo realmente debate, ni jurídico ni técnico, en torno al significado del control político que se estaba ejerciendo, tampoco convence ahora el tono de corrido mexicano adoptado por el Gobierno para encarar la derrota. Recuperar el sentido original del presidencialismo, como señaló la Presidenta el miércoles en la noche, puede leerse como una aceptación de responsabilidad directa por todo lo que ocurre en el país, lo que está fuera de toda consideración.

Las nociones de acusación política y responsabilidad política, propias de una democracia con ética de la responsabilidad, tiene requisitos objetivos de mérito jurídico para poder ser invocada. Pero una vez aprobada, lo que ocurre en nuestro caso en la Cámara de Diputados, se transforma, en quienes deben juzgar, en un hecho subjetivo o de conciencia, es decir, político. Y para que a La Moneda le quede claro, si es que no se ha dado cuenta, tal hecho apunta al órgano, esto es al gobierno, y no al caso concreto.

De ahí que una reflexión como la manifestada por la Presidenta puede inducir a conclusiones más amplias, muchas de ellas no pensadas e indeseables. Más aún, si a todas luces, parte del problema es la ausencia de una Constitución Política con mayor coherencia en sus instituciones.

Por ello conviene bajar la estridencia y evitar una escalada de simples apreciaciones, muchas sin fundamento alguno, que lesione la convivencia nacional. Existe una sabia reflexión política sobre el país que es necesario tener presente: en Chile las crisis políticas son preferentemente institucionales antes que sociales.

El bochorno de Curepto

Como un mentís a todo lo obrado por el gobierno y la Concertación frente a la acusación constitucional, se conoció la bochornosa inauguración del Hospital de Curepto, Región del Maule, el 29 de febrero pasado. En el más clásico estilo del bestiario político del subdesarrollo, un grupo de funcionarios inescrupulosos e irresponsables montaron un acto que tuvo desde enfermos falsos hasta camas prestadas. Todo, con la presencia sonriente de la Presidenta de la República acompañada por el alcalde de la localidad, diputados, autoridades del Ministerio de Salud y…gente de la zona. Naturalmente, en vivo y en directo mediante la TV.

Nadie sabe quién es el responsable directo, aunque unos y otros se echan la culpa. Desde el equipo de avanzada presidencial que tiene La Moneda, pasando por su pauta de prensa, los que cuentan los minutos en la TV y los metros de cintas cortadas, los del Ministerio de Salud, hasta los renunciados o despedidos intendente y director de Salud regional. También los que acarrearon las camas prestadas, los que se acostaron para actuar de enfermos, el que subió la foto de los notables a las páginas web del municipio.

Tal sainete tuvo el efecto demoledor de un tsunami. Fuera de dejar sin pega a unos cuantos, demolió ante la ciudadanía los efectos mediáticos y políticos de un moderno hospital y una enorme inversión en salud. Y los transformó en un escarnio y una burla, y posiblemente en una falta administrativa, porque hasta ahora no funciona.

Si usted lo hubiera visto en la serie de TVN Sucupira se habría reído por el absurdo. Pues bien, ahora se puede reír y también morir de rabia porque ocurrió en la realidad.

Subcontratistas otra vez

El día de ayer volvió el encono social del tema de los subcontratistas de Codelco. Durante el día paralizaron Andina y El Salvador, y hubo disturbios serios en Rancagua y en los accesos a El Teniente.

Cristian Cuevas, líder máximo de los subcontratistas, anunció nuevas movilizaciones para esta semana, y eventualmente un paro nacional indefinido, exigiendo al Gobierno que se paguen los compromisos adoptados hace ocho meses por la minera estatal.

Lo más probable es que el proceso se endurezca en los próximos días, ya que el Ejecutivo afirma que la empresa está al día en sus compromisos, mientras los trabajadores sostienen que no se han pagado varios de los bonos, entre ellos el de educación.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Codelco declaró haber tomado todos los resguardos legales para asegurar un normal funcionamiento de la empresa.



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Un Buenos Aires cambiado




Un Buenos Aires cambiado

Enviado por Hernan Narbona Veliz el mié, 16 abr, 2008 a las 1:21 PM
Hernan Narbona Veliz

Vengo regresando de un raid por la nostalgia. Me tocó hacer clases en el Colegio de Graduados de la Universidad Nacional de Córdoba y, al regreso, pasamos unos días con Rosy, mi esposa, recorriendo aquellos barrios donde vivimos durante más de 8 años.

Vivimos en la Capital Federal en tres barrios tradicionales, San Telmo, Núñez y Palermo. Mi hijos se criaron jugando en el Jardín Botánico y en el Zoológico. Mi hija, que nació en Palermo, nos encargó registrar para ella los lugares de infancia. Por lo tanto, el cometido del viaje se centró en saludar viejos amigos y recorrer los lugares que formaron parte de nuestras vivencias familiares.

Precisamente, en esta semana se veía en España la solicitud de extradición de Isabel Perón, que fuera heredera del gobierno cuando murió Perón, teniendo como asesor personal al tenebroso López Rega, fundador de la Triple A que llenó capítulos de muerte, saqueo y exterminio. Nosotros vivimos esa etapa negra de la historia argentina y nos pareció increible estar siendo espectadores de un ciclo completo, en el cual, quienes fueron responsables de la peor represión, son hoy perseguidos por el brazo de la justicia.

También apreciamos el inicio tumultuoso del gobierno de otra mujer, que llegó al poder democráticamente, Cristina Fernández, que se ha sentado a la mesa con la dirigencia del campo a resolver el grave conflicto que remeció y encareció la vida de los argentinos.

Había ido muy seguido por la capital porteña, pero no me había dedicado como ahora a comparar los viejos lugares con los actuales. La sensación fue que el centro de la ciudad está de capa caída, que la noche porteña ya no circula por Lavalle, Florida o Corrientes, sino que se desplazó a Palermo, Lomas de Zamora, Puerto Madero. Que ya no se encuentran los carritos de la costanera, que fueron novedad turística de los setenta, que ahora apareció la cultura de malls, que de pronto te cruzas con Falabella, que existe temor de abrir locales, que a mediodía las tiendas están cerradas con llave y el cliente debe entrar tocando el timbre y guardias privados custodian los locales, lo cual es evidencia de un proceso de apertura y de un clima de inseguridad, que se nota en las inmensas inversiones en barrios casi cerrados, en Puerto Madero, en Palermo o en ciudades satélites como Tigre o Lomas de Zamora, por Pavón, donde vive Sandro.

Buenos Aires ha cambiado, incluso el smog lo afecta por los grandes tacos automovilísticos. El centro todavía vive de su historial, pero la vida ciudadana se ha desplazado a otros lugares, más tranquilos, másCafe Tortoni seguros.

Como ha cambiado la vida en todos los países producto de la globalización. Vimos que hay decreimiento y mucha rabia guardada en los argentinos y eso es producto de frustraciones históricas. Lo cual también se observa en nuestra realidad.

En resumen, una ciudad digna de conocer, aún con muchas librerías y vida cultural. Pero también invadida por las inversiones que rompen barriadas antiguas para instalar gigantescas torres. Una rica experiencia familiar y personal en estas vacaciones académicas y de reencuentro.

Valparaíso, 16 de abril de 2008.




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miércoles, abril 16, 2008

Seminario “Defensoría de las Personas en Chile: Ahora sí?”analizó necesidad del Ombudsman en el país

Seminario “Defensoría de las Personas en Chile: Ahora sí?”analizó necesidad del Ombudsman en el país PDF Imprimir E-Mail
martes, 15 de abril de 2008

 En el evento se analizaron diversas expreiencias comparadas de América Latina y se coincidió en la necesidad de que nuestro país generé una institucionalidad de Defensoria de las Personas.

Con la asistencia de más de doscientos participantes se realizó este martes el seminario-taller “La Defensoría de las Personas en Chile: ¿Ahora sí?”, organizado por el Capítulo Chileno del Ombudsman-Defensor del Pueblo.

El evento se realizó en dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores, en Santiago y fue inaugurado por el Ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo y contó, con la participación de Danae Mlynarz, Presidenta de la Comisión Asesora Presidencial para la Defensa de los Derechos de las Personas, el Director de la División de Organizaciones Sociales (DOS), Francisco Estévez, los diputados Karla Rubilar y Francisco Chahuán, Roberto Garretón, vicepresidente del Capítulo Chileno del Ombudsman y Marcela Riquelme, de la Red Nacional de Acceso a la Justicia.

Los asistentes, en su gran mayoría funcionarios públicos y miembros de los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG) y de la Oficinas de Informaciones Reclamos y Sugerencias (OIRS), tuvieron la oportunidad de interiorizarse de diversas experiencias latinoamericanas de Defensorías del Pueblo, como lo fue con las exposiciones de Waldo Albarrracín (Bolivia), Jessica Valentini y Carlos Constela, Defensores del Pueblo de la Provincia de Córdoba y del Municipio de Vicente López -ambos en Argentina- respectivamente.

Sobre Chile, que no cuenta con esta institución, los participantes se interiorizaron de experiencias similares como es el caso de la Defensora Comunal de Rancagua, Marcela Riquelme, quien expuso en representación de la Red Nacional de Acceso a la Justicia, acompañada del Diputado Francisco Chahuán y de Roberto Garretón, Vicepresidente del Capítulo Chileno del Ombudsman, en un panel moderado por Danae Mlynarz, presidenta de la Comisión Asesora Presidencial para la Defensa de los Derechos de las Personas.

Esta última entidad asesora de la Presidencia de la República, se explicó, está orientada a velar por los derechos o intereses de los ciudadanos frente a acciones u omisiones de los organismos públicos, en lo referido a la satisfacción de sus usuarios. La Comisión cuenta con un consejo público privado, del que forma parte, entre otros, la DOS, a través de su Director, Francisco Estévez.

Posterior a las exposiciones, se efectuó la fase de talleres, que bajo el lema “Tu Opinión Cuenta”, consistió en analizar los contenidos del proyecto de reforma constitucional para la creación del Ombudsman en Chile. En esta fase, cada taller contó con la coordinación de un experto nacional y otro internacional, además del apoyo metodológico de profesionales de la División de Organizaciones Sociales (DOS).

Ombudsman: prioridad en la agenda legislativa del Gobierno

Chile es uno de los pocos países que no cuenta con un defensor del Pueblo u Ombudsman, aunque desde 1985 funciona en nuestro país el Capítulo Chileno correspondiente, cuando se fundó en el seno del Grupo de Estudios Constitucionales (Grupo de los 24), en el marco del diseño de las bases constitucionales para el régimen democrático por el que se luchaba en ese momento.

Pese a que el país no cuenta con esta institución, el Ministro Secretario General de la Presidencia (S), Edgardo Riveros, dio a conocer (el 10 de febrero del 2008) las 26 prioridades legislativas en la agenda presidencial del presente año, en cuya área de Derechos Humanos -en primer lugar de la lista- figura la creación del Ombudsman (Defensoría de las Personas), conjuntamente con el proyecto que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la ratificación de la Corte Penal Internacional y la Convención ONU sobre desaparición forzada de personas.

La definición del gobierno de la Presidenta Bachelet confirma la necesidad de legislar lo más pronto posible sobre el proyecto Ombudsman y la voluntad gubernamental coincide con la aprobación en general del proyecto de reforma constitucional, en enero pasado, por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

El Capítulo del Ombudsman en Chile

El Capítulo Chileno del Ombudsman se define como una organización pluralista e independiente, con personalidad jurídica sin fines de lucro y autónoma de toda autoridad. Desarrolla sus actividades gracias a la contribución voluntaria de sus asociados y a la colaboración de otras instituciones. Cabe destacar, además, que ningún miembro del Capítulo ha recibido o recibe salario, honorarios, viáticos o similares por su participación en él.

Su finalidad es que en chile, lo más pronto posible, se establezca la institución del Defensor del Pueblo, en pos del perfeccionamiento de la democracia y el mejor resguardo de los derechos humanos, los derechos ciudadanos y el interés público.

Modificado el ( miércoles, 16 de abril de 2008 )



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jueves, abril 10, 2008

ALMACENES FISCALES DEL PUERTO ESTARÁN PROTEGIDOS

Estimados (as) colegas y amigos (as).

Con enorme satisfacción comunicamos a ustedes que este miércoles 9 de abril 2008, en Sesión del Consejo de Monumentos Nacionales, ha sido aprobada definitivamente la ampliación de la Zona eTípica Área Histórica de Valparaíso; permitiendo incorporar y proteger de esta manera al CONJUNTO DE ALMACENES FISCALES DE LA CIUDAD PUERTO.

A partir de ahora comienza la segunda tarea, consistente en probar que los Almacenes Fiscales, además de su innegable valor cultural, son y pueden constituirse en arquitectura vigente, refuncionalizada, aportando al patrimonio de la Ciudad Puerto en el siglo XXI.
Nos felicitamos todos, en este momento de tanta trascendencia para el patrimonio mundial, nacional y local.
El Colegio de Arquitectos de Chile con su Delegación Región de Valparaíso, sienten este triunfo como el resultado de innumerables aportes de colegas y personas que mantuvieron la esperanza de lograr lo casi imposible.
Saludos cordiales, invitándolos a sumarse en las numerosas tareas pendientes aún con nuestra Ciudad Puerto.

Juan Mastrantonio. Presidente.
Mario Ferrada. Vice Presidente.
Claudio Vergara. Secretario.
Chantal Naudón. Directora Tesorera.
Militza Miranda. Directora.
Luigi Follegatti. Director.
Manuel de la Fuente. Director Asociado Comisión Patrimonio.
Sótero Apablaza. Director Asociado.
COLEGIO DE ARQUITECTOS. DELEGACIÓN REGIÓN DE VALPARAÍSO.


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PORTAL WEB COLEGIO ARQUITECTOS
VALPARAÍSO.




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lunes, abril 07, 2008

Dos artículos para comprender el Paro Agropecuario de la Argentina

Partir el texto en columnas 07-04-2008
Lo que está detrás del paro agrario argentino

Guillermo Almeyra

Argentina es un país altamente urbanizado, pero que depende esencialmente de la exportación de materias primas rurales. De ahí la posibilidad, para quienes controlan el mercado de carne, de soya y de cereales, de amenazar con hambrear a las ciudades y paralizar las exportaciones, chantajeando política y económicamente al gobierno nacional y anulando, de hecho, por la fuerza, tanto la voluntad popular, expresada deformadamente en los resultados electorales, como los planes y políticas nacionales de las autoridades. El llamado paro rural –en realidad, el lock-out de los empresarios del campo– es una expresión cruda de la lucha por el poder entre dos fracciones capitalistas, como lo indica el apoyo de las cámaras de industriales al gobierno en su enfrentamiento con la oligarquía ganadera-sojera-exportadora organizada en la Sociedad Rural (entidad que promovió y respaldó todas las dictaduras en el país) y las otras organizaciones del campo que, a pesar de sus diferencias hasta de clase con ésta, la respaldan en este enfrentamiento con el gobierno.

Recapitulemos: casi 80 por ciento de la tierra agrícola argentina está sembrado hoy con soja, que en la última cosecha rindió más de 48 millones de toneladas, que se cotizan hoy en 151 dólares la tonelada (en los dos últimos días subió cuatro dólares) para la primera semana de abril. Haga las cuentas y tenga en consideración que casi 60 por ciento de ese mercado está en manos de los grandes sojeros (en realidad, de cuatro trasnacionales, dos de ellas argentinas). La soja, que se paga mucho más que otras commodities, “se come” por consiguiente la producción de cereales para alimentos y el pan sube, por lo tanto; y “se come” la ganadería, con lo cual escasea la carne, que sube de precio. Además, el monopolio sojero fija altos precios para el aceite y otros subproductos y ese monocultivo expulsa decenas de miles de familias campesinas. Los expertos agregan que la soja destruirá los suelos argentinos en 15 años. Pero ese promedio quiere decir que las excelentes tierras pampeanas durarán más y en cambio los suelos frágiles de las provincias marginales desaparecerán antes: la sojización equivale en efecto a la desertificación, al desmonte, a la contaminación de las aguas y de la tierra, a la desaparición de bacterias y especies animales útiles, y la fumigación aérea envenena ya a los campesinos y los pueblos cercanos, mientras los demás productos del campo sufren el impacto de esta competencia.

La política del gobierno, por su parte, consiste en estimular la industria y en sostener el empleo (construcción, servicios, desarrollo industrial) sobre la base de bajos salarios reales (para permitir grandes ganancias a los empresarios e inversionistas) y de un dólar caro, para abaratar las exportaciones argentinas, incluso industriales, y frenar las importaciones. Ojo: los sojeros y otros grandes sectores rurales también invierten en la construcción, en el boom inmobiliario y en la industria y ganan enormemente gracias a la política monetaria que les permite exportar. No se pueden quejar pero disputan el poder al sector que privilegia a la industria y que debe subsidiar el consumo de alimento y los servicios (sobre todo, el transporte) de los sectores más pobres (casi todos urbanos) de la población nacional para mantener bajos los salarios reales y que, por lo tanto, cobra impuestos a los más ricos (la llamada “retención” de una parte de las ganancias logradas por los sojeros es en realidad un impuesto). Dichos impuestos, en Europa, llegan a 40 por ciento del producto interno bruto y en Argentina están muy por debajo de esa cifra. Además, la tasa de ganancia europea, en las finanzas, es 5 por ciento, y en la industria, 10 por ciento, mientras que en Argentina la misma se quintuplica, de modo que quienes, como el diario La Nación, hablan de “confiscación” o “expropiación” son demagogos sin escrúpulos. El gobierno no sólo respeta la propiedad capitalista sino que la defiende y mantiene al aceptar sin crítica alguna el actual modelo y al no intentar siquiera aplicarles a los exportadores un régimen similar al implantado en el primer gobierno de Perón (1946-1952) mediante el Instituto Argentino Promotor del Intercambio, que monopolizaba el comercio exterior de productos agrarios y, con la diferencia entre los precios internacionales y los internos, hacía escuelas, obras públicas, promovía el desarrollo en las provincias y la industrialización.

El gobierno acepta de buen grado que cuatro empresas trasnacionales se queden hoy con ese enorme excedente y se limita a tratar de ponerles un impuesto moderado sin intervenir en el campo, ni siquiera como los hacían los gobiernos conservadores hace 70 años, creando juntas reguladoras. Para él, el libre mercado es sagrado y el interlocutor no son los trabajadores sino la Unión de Industriales, no son los trigueros sino los grandes harineros, no son los campesinos sino las organizaciones de la patronal rural, no son los consumidores sino los supermercados. No hay pues conflicto entre clases opuestas sino un conflicto intercapitalista en el que los rurales tienen en rehenes a los pobladores urbanos al fabricar una gran carestía de alimentos y un aumento de precios de los mismos para arrojar a los sectores urbanos empobrecidos contra el gobierno. El hecho de que las cuatro trasnacionales que controlan el mercado sojero y la Sociedad Rural hayan podido arrastrar en su lock-out a los pequeños y medianos empresarios agrarios (no así a los campesinos) y la utilización política del conflicto por la derecha y por los medios, debe ser analizado aparte.

El paro rural argentino es una mezcla entre un lock-out empresarial, un paro de pequeños productores, un intento político de desestabilización del gobierno peronista-distribucionista, una protesta legítima contra la arrogancia y el autoritarismo de las autoridades y una protesta atrasada pero legítima del interior contra la centralización del poder en la ciudad de Buenos Aires, que hace imposible el desarrollo local y el federalismo político.

Los pequeños campesinos están desapareciendo y poblando las zonas marginales urbanas desde hace rato, expulsados por la extensión de la soja, a la fuerza, sobre las tierras marginales que ellos explotaban (la soja incorporó el año pasado 4.5 por ciento más de tierras, desmontando o incluso expulsando campesinos de tierras fiscales cuyo “propietario” aparecía misteriosamente de la noche a la mañana y vendía a los sojeros).

Por eso las organizaciones de pequeños campesinos, de Santiago del Estero o de Córdoba, no sólo no han apoyado este movimiento sino que también lo condenan y exigen una reforma agraria que les garantice tierra, insumos, apoyos, y quite poder a sus enemigos directos. Pero decenas de miles de pequeños productores, agrupados en la Federación Agraria Argentina (FAA), una organización integrada a principios del siglo pasado por colonos y trabajadores agrícolas anarquistas y socialistas que formaban cooperativas y luchaban contra los monopolios agroindustriales, son los que actúan como la tropa de choque de la Sociedad Rural, cortando rutas y haciendo manifestaciones en los caminos y pueblos del interior. Hay que recordar que hace unos años esa misma FAA, en cuya dirección hay integrantes del Partido Socialista, formaban parte del Frente Contra la Pobreza junto con la Central de Trabajadores Argentinos y grupos piqueteros y se oponían a la política neoliberal cuyas consecuencias habían sido el hambre, la desocupación y el empobrecimiento, del mismo modo en que vastos sectores de las clases medias urbanas asalariadas formaban asambleas populares y gritaban “¡Piquete y cacerola, la lucha es una sola!” (mientras hoy hacen piquetes los empresarios agrícolas con máquinas y medios de transporte muy costosos y los cacerolazos, con ollas de lujo y de acero inoxidable, son obras de las “señoras bien” de los barrios ricos y de sus retoños elegantes y con zapatos de 150 dólares). ¿Por qué ese cambio? En parte, por el mismo sectarismo político antiperonista que lleva a la mayoría del Partido Socialista a aliarse con la derecha gorila, a la CTA y a los piqueteros maoístas de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), hasta hace poco aliados con Kirchner, y a grupúsculos de esa ultraizquierda del 0.01 por ciento en los comicios, como el llamado Partido Obrero, a apoyar el paro agrario hablando de “rebelión popular”. En parte, por la idea estúpida de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo y por la idea oportunista de que si se debilita al gobierno, se podrá después negociar con él en mejores condiciones el reconocimiento (la CTA), algunas bolsas de comida más (la CCC y también PO) y posiciones en el subgobierno. Pero también porque ante la miseria, el asalariado empobrecido reacciona junto a los otros trabajadores y, cuando sale de aquélla, trata en cambio de diferenciarse del desocupado y del pobre sintiéndose “clase media” y de mantener “el orden” o sea, se va a la derecha, mientras el pequeño propietario agrícola, que trabaja directamente la tierra, en las malas es “pueblo” y en las buenas “empresario”, aunque tenga el campo hipotecado y gane mucho menos que los grandes sojeros, pues la soja que siembra en pocas hectáreas no le permiten ser millonario sino apenas mejorar su nivel de vida y sus medios de transporte y de producción, que compra a crédito (y los impuestos le quitan los medios para pagar lo que pidió prestado). Muchos pequeños agricultores arriendan sus tierras a los gigantescos “pools de siembra”, que no poseen tierra propia y explotan a muerte la ajena con grandes medios que los pequeños propietarios no poseen. Éstos siguen, pues, ideológica y políticamente, a sus supuestos benefactores. La estupidez y la arrogancia del gobierno, que así como manda la policía contra los trabajadores para resolver la cuestión social y los conflictos gremiales sólo piensa en la represión policial para disolver los cortes de ruta, hacen el resto.

Una hectárea de soja no rinde lo mismo en las provincias pobres que en la de Buenos Aires, con su tierra fertilísima que no requiere insumos, y en la explotación sojera hay economías de escala, de modo que los grandes cultivadores gastan menos y ganan más por hectárea. Por eso aplicar las mismas retenciones (impuestos) a los pequeños propietarios y a la oligarquía es injusto y provoca que aquéllos se junten con ésta y sean sus tropas de choque políticas. Por supuesto, el país debe exportar, pues se necesitan divisas. Pero habría que crear juntas reguladoras, un nuevo tipo de monopolio estatal del comercio agroindustrial exportador, al estilo del viejo IAPI, desarrollar planes de promoción de los pequeños agricultores para separarlos de la Sociedad Rural, atribuir parte importante del control de los impuestos a las municipalidades y provincias, fijar planes prioritarios de siembra de alimentos, dar apoyo técnico y fletes a los productores pequeños, controlar de cerca de los pools de siembra, que son empresas financieras, organizar a los consumidores y a los pequeños campesinos, hacer que los municipios controlen las fumigaciones sojeras, crear cinturones hortícolas para el abastecimiento urbano y zonas forestales para alejar la soja del poblado. Habría que decidir una reforma agraria que dé tierra a los campesinos y pueble el campo. Pero, sobre todo, se necesita una izquierda independiente, que piense en alternativas y que imponga al gobierno el abandono de su decisionismo verticalista, para poder dialogar y hacer política y no pensar más en soluciones policiales ni en tirar “la bomba de negrones”, o sea, recurrir a la violencia de matones piqueteros oficialistas contra las manifestaciones, por opositoras que éstas sean. Sin izquierda –y en la Argentina no la hay– no hay tampoco democracia.


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La patria sojera
Qué duro es

Raul A. Montenegro

Qué duro es sentirse minoría en un país de falsas mayorías. Qué duro es ver que el gobierno nacional y los ruralistas luchan entre sí cuando son cómplices necesarios del país sojero. Qué duro es ver cacerolas relucientes y llenas de soja RR en el asfalto civilizado de Buenos Aires. Que duro es ver las cacerolas renegridas y sin tierra de los campesinos de Santiago del Estero.

Que duro es ver a los estudiantes de universidades argentinas con sus carteles de apoyo a los ruralistas en huelga, como si Monsanto y el Che Guevara pudieran darse la mano. Que duro es recordar que esas cacerolas relucientes, esos estudiantes movilizados y esas familias temerosas del desabastecimiento no salieron a la calle cuando los terratenientes de este siglo XXI expulsaron a familias y pueblos enteros para plantar su soja maldita.

Qué duro es ver la furia ruralista al amparo de reyes sojeros como el Grupo Grobocopatel. Qué duro es ver el rostro reseco de Doña Juana, expulsada, de doña Juana sin tierra, de doña Juana con sus muertos bajo la soja. Qué duro es ver que se cortan las rutas para que China y Europa no dejen de tener soja fresca, y para que Monsanto no deje de vender sus semillas y sus agroquímicos.

Qué duro es comprobar, con los dientes apretados, y con el corazón desierto y sin bosques, que nadie habló en nombre de los indígenas expulsados de sus territorios, de sus plantas medicinales, de su cultura y de su tiempo para que la soja y el glifosato sean los nuevos algarrobos y losnuevos duendes del monte. Qué duro es ver con las manos y tocar con los ojos que nadie habló en nombre de los campesinos echados a topadora limpia, a bastonazos y a decisiones judiciales sin justicia para que ingresen el endosulfán, las promotoras de Basf y las palas mecánicas con aire acondicionado.

Qué duro es saber que nadie habló en nombre del suelo destruido por la soja y por el cóctel de plaguicidas. Qué duro es comprobar que muchos productores, gobiernos y ciudadanos no saben que los suelos solo son fabricados por los bosques y ambientes nativos, y nunca por los cultivos industriales. Qué duro es saber que para fabricar 2,5 centímetros de suelo en ambientes templados hacen falta de 700 a 1200 años, y que la soja los romperá en mucho menos tiempo. Qué duro es recordar que el 80% de los bosques nativos ya fue destrozado, y que funcionarios y productores no ven o no quieren ver que la única forma de tener un país más sustentable es conservar al mismo tiempo superficies equivalentes de ambientes naturales y de cultivos diversificados.

Qué duro es observar cómo se extingue el campesino que convivía con el monte, y cómo lo reemplaza una gran empresa agrícola que empieza irónicamente sus actividades destruyendo ese monte. Qué duro es ver que el monocultivo de la soja refleja el monocultivo de cerebros, la ineptitud de los funcionarios públicos y el silencio de la gente buena. Qué duro es saber que miles de Argentinos están expuestos a las bajas dosis de plaguicidas, y que miles de personas enferman y mueren para que China y Europa puedan alimentar su ganado con soja. Qué duro es saber que las bajas dosis de glifosato, endosulfán, 2,4 D y otros plaguicidas pueden alterar el sistema hormonal de bebés, niños, adolescentes y adultos, y que no sabemos cuántos de ellos enfermaron y murieron por culpa de las bajas dosis porque el estado no hace estudios epidemiológicos.

Qué duro es saber que los bosques y ambientes nativos se desmoronan, que las cuencas hídricas donde se fabrica el agua son invadidas por cultivos, y que Argentina está exportando su genocidio sojero a la Amazonia Boliviana. Qué duro es comprobar que las cacerolas relucientes son más fáciles de sacar que las topadoras y el monocultivo. Qué duro esc omprobar que en nombre de las exportaciones se violan todos los días, impunemente, los derechos de generaciones de Argentinos que todavía no nacieron. Qué duro es ver las imágenes por televisión, los piquetes y las cacerolas mientras las almas sin tierra de los campesinos y los indígenas no tienen imágenes, ni piquetes, ni cacerolas que los defiendan.

Qué duro es comprobar que estas reflexiones escritas a medianoche solo circularán en la casi clandestinidad mientras Monsanto gira sus divisas a Estados Unidos, mientras las topadoras desmontan miles de hectáreas en nuestro chaco semiárido para que rápidamente tengamos 19 millones de hectáreas plantadas con soja, y mientras miles de niños argentinos duermen sin saber que su sangre tiene plaguicidas, y que su país alguna vez tuvo bosques que fabricaban suelo y conservaban agua. Muy cerca de ellos las cacerolas abolladas vuelven a la cocina.

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Dr. Raul A. Montenegro, Biologo, Presidente de FUNAM, Premio Nobel Alternativo 2004 (RLA-Estocolmo, Suecia). Profesor Titular de Biologia Evolutiva, Universidad Nacional de Cordoba (Argentina)



Movimiento de convergencia ciudadana en defensa de la cultura y la identidad de los espacios locales.

jueves, abril 03, 2008

El cuestionable pasado del asesor político de Yasna Provoste

17 de Marzo de 2008
Miguel Paz El Mostrador.

Ricardo Halabí, ex director de IndapVersiones de prensa sindican al abogado DC como parte del círculo chico en el que la ministra de Educación ha diseñado su defensa comunicacional y política por el caso Subvenciones. Algo de experiencia tiene, pues la Cámara y la Contraloría investigaron pagos de sobresueldos y negligencias en la supervisión de créditos por $ 11.000 millones durante su gestión en el Instituto de Desarrollo Agropecuario.



La noche del jueves pasado, el abogado Ricardo Halabí Caffena participó en una cena en el restaurante Divertimento en honor a la ministra de Educación, Yasna Provoste. Al lugar asistió el ex presidente Aylwin, representantes de la mesa falangista y se leyó un saludo de Ricardo Lagos en el que solidariza con la funcionaria, que enfrenta una acusación constitucional y una eventual destitución.

“Es un honor trabajar con esta gran servidora pública”, dice Halabí a El Mostrador.cl. Militante histórico de la DC, muy cercano al embajador Rafael Moreno, arribó al Mineduc en 2006 y es sindicado como uno de los profesionales que la ayudó a diseñar su defensa sobre el destino de $ 261.000 millones que la seremi metropolitana no ha podido respaldar con documentos ante la Contraloría.

Halabí, cuya asesoría se constata en la página web del ministerio, dice que sus temas de trabajo han sido municipales, pero su labor se extiende, según consta en la repartición pública, “para lo que estime la autoridad”.

Lo cierto es si hay alguien que sabe de acusaciones e indagatorias es él. En 2002 y 2003, enfrentó como director del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (Indap) un escenario casi calcado al que ahora vive Provoste.

Entre la Contraloría y la comisión investigadora

El 9 de abril de 2001 Halabí fue nombrado director de esta poderosa repartición pública, clave para el trabajo político en zonas agrícolas. Según confidenció años más tarde el ex ministro de Agricultura Jaime Campos, cuando lo nombró en el cargo el presidente Ricardo Lagos llamó al abogado y le dijo “ésta es la última oportunidad de salvar a Indap, Ricardo”.

Recién llegado al cargo, Halabí enfrentó una investigación de la Contraloría sobre los manejos de su predecesor Luis Marambio que concluyó con su remoción debido a pérdidas de patrimonio fiscal por “a lo menos $ 900 millones”.

Además, una comisión investigadora creada por la Cámara de Diputados para indagar los créditos y subsidios entregados por Indap estableció el 6 de marzo de 2002 una serie de irregularidades, negligencia en el manejo de los recursos y falta de celo que podría provocar $30 mil millones en perdidas para el Fisco, debido a préstamos impagos.

La senadora Evelyn Matthei, principal promotora de las denuncias sobre irregularidades en Indap, recuerda a Halabí como un tipo “simpático, aunque no sé si eficiente”. En aquella época, asegura la senadora de la UDI, tuvo muchas peleas con él. “Yo quería que se investigaran las irregularidades para atrás pero Halabí se oponía, pese a que eran todas acusaciones sobre el anterior director”, explica.

En 2003, un año después de los lapidarios informes de Contraloría y la Cámara, el tema resurgió. En dos oficios remitidos a Halabí el 26 de marzo de 2003, el contralor Gustavo Schiolla le pidió al director de Indap que explicara por qué “el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, contrató a honorarios, con dineros del propio Indap, a seis jefes de departamento”. La arista que Schiolla buscaba aclarar era la de eventuales sobresueldos con platas de Indap, organismo que a la fecha concentraba casi la mitad del presupuesto del Ministerio de Agricultura. En los documentos, el contralor además consignó que los funcionarios del IICA tendrían que devolver los fondos cuestionados.

A ello se sumó una nueva comisión investigadora de la Cámara que señaló que el Indap “otorgó créditos sin sujeción a sus normas reglamentarias e incurrió en falta de control y de seguimiento de los créditos otorgados”. Dicho en castellano, el Indap pasó plata a personas que no estaban en condiciones de cumplir. Debido a ello, indicaron los diputados, podría haber una perdida patrimonial de “alrededor de $ 11 mil millones, en la medida que los créditos concedidos no puedan ser cobrados a las empresa deudoras”.

La caja negra

De todo lo anterior hablaba un reportaje de la periodista Alejandra Matus titulado La caja negra del Indap que Ricardo Halabí intentó parar, y que gatilló la renuncia del equipo dominical del diarioLa Nación el 24 de mayo de 2003.

El abogado DC no sólo había integrado el directorio de la empresa periodística. También había sido uno de sus accionistas privados preferentes, a través de la sociedad de inversiones Colliguay. Esta sociedad de inversiones fue creada en septiembre de 1991 y al mes siguiente ya era dueña de un tercio de la sociedad anónima La Nación, que cuenta con el Diario Oficial, el diario La Nación y la imprenta Puerto Madero.

Cuál fue el valor exacto que pagaron los tres socios: Juan Cavada, un socialista que a poco andar vendió su parte; Enrique Alcalde, un abogado vinculado a la UDI que ahora lucha contra el proyecto Hidroaysén; y Ricardo Halabí, es un misterio. Halabí no quiso dar una cifra pero una fuente que conoció las tratativas de cerca asegura que el pago por el 30 por ciento de la empresa periodística bordeó los 25 millones de pesos. Más tarde, cuando se convirtió en director del Fosis, Halabí decidió deshacerse de su parte de Colliguay. ¿En cuánto vendió? No quiso indicarlo.

Halabí sí contó que en su período a cargo del Fosis fue cuando conoció a la entonces gobernadora de la Tercera Región Yasna Provoste. Siguieron encontrándose en actos oficiales cuando ella se convirtió en titular de Mideplan y volvieron a verse cuando Provoste pasó de la fundación Integra a encabezar el ministerio de Educación y Halabí arribó como asesor.

Según el senador Nelson Ávila, otro de los parlamentarios que pidió investigar en 2003 al Indap, fueron gestiones de La Moneda las que consiguieron bajarle el perfil a la segunda comisión investigadora de diputados del caso Indap. “Se acreditaron muchas de las irregularidades pero algo pasó ahí que no se profundizó en aspectos que correspondía indagar con acuciosidad”, dice aludiendo al peso del “factor Ricardo Lagos”: otro punto en común, además de la militancia DC, de las vidas cruzadas de Ricardo Halabí y Yasna Provoste.

El fallido salto al parlamento

En agosto de 2005 Halabí renunció al Indap para intentar una carrera política en el Congreso. Su contendor en la elección de diputados de diciembre de ese año, el PPD Enrique Jaramillo, todavía recuerda la escena de Halabí diciéndole a sus electores de Río Bueno que Jaramillo tenía un cáncer terminal y que venía a reemplazarlo. “Se portó muy mal. Usó artimañanas que ahora no le pueden ayudar a la ministra Provoste. Un hombre que actúa así no puede ser un buen asesor de nadie”, señala.

Una opinión similar tuvo entonces el socialista Fidel Espinoza, quien ha defendido a Provoste en la Cámara por el caso subvenciones. En 2005 el diputado Espinoza buscaba la re-elección por el distrito 56 y envió una carta al intendente Jorge Vives donde acusó “intervención electoral” de funcionarios vinculados a la DC. Además, señaló que su colega Jaramillo “está abiertamente siendo perjudicado por la instrumentalización efectuada con organismos del propio Gobierno como Indap, de parte del ex director, y hoy candidato, Ricardo Halabí”.

Tras su caída electoral, Halabí volvió a ejercer como abogado y se dedicó a dictar clases en la Universidad La República. Un ex colaborador suyo en Indap dice que como no tenía muchos clientes y le quedaba tiempo libre “era frecuente que él pasara a saludar y a preguntar por los problemas del personal”. Prueba de ello, cuenta que en una de sus visitas Halabí supo que a una de las secretarias de Indap se le había muerto su madre. “La acompañó todo el día y le ayudó con los trámites del funeral”, dijo.

Uno de sus amigos más cercanos perfila a Halabí como un tipo “muy querido porque tiene el chiste a flor de boca. Básicamente es un gallo muy transparente. No es parte de máquinas o complots. Al contrario, es un hombre transversal”.

Vea además

Informe Indap 2002

Informe Indap 2003



Movimiento de convergencia ciudadana en defensa de la cultura y la identidad de los espacios locales.