IRREGULARIDADES EN EL GOBIERNO REGIONAL: EL INFORME DE CONTRALORIA QUE SE QUISO OCULTAR A LA OPINION PUBLICA

Demoledor informe de Contraloría
Registra que hay más de $1.153 millones sin rendir y convenios suscritos por el intendente.

Osvaldo Álvarez

El Mercurio de Valparaíso, 05 de enero de 2006

Hasta que apareció. Un demoledor informe en contra de la Intendencia y el manejo del Programa de Generación de Empleo (PGE) salió ayer a la luz pública, dejando en evidencia graves irregularidades cometidas durante la gestión del intendente Luis Guastavino.

Dicha investigación la desarrolló la Contraloría Regional, y es la misma que se perdió extrañamente por más de cuatro meses en la Intendencia... la misma que el intendente dijo haber conocido sólo hace un par de días.

Este informe exclusivo muestra que, en una auditoría efectuada a los fondos entregados para ejecutar los PGE en 2004, se detectaron 15 faltas o delitos y más de $1.100 millones que no han sido rendidos.

MILLONES PERDIDOS

Este documento constata que durante el 2004 la Subsecretaría de Trabajo transfirió a la Intendencia un total de $2.248.348.000 con el objeto de financiar diversos proyectos en Valparaíso, Viña del Mar y San Antonio, principalmente.

Al respecto, esta auditoría consignó que el sistema contable de la Intendencia no entrega información relativa al programa, entre otras faltas. "Esta omisión ha motivado la creación de registros extracontables que al 30 de noviembre de 2004 demuestran la existencia de recursos entregados a los ejecutores pendientes de rendición, ascendente a $1.153.802.000". Esta cifra equivale a comprar 14 mil cocinas o adquirir 46 mil celulares.

IRREGULARIDADES

Del total de los proyectos financiados, se examinó una muestra de un 17% de las remesas, verificando múltiples irregularidades.

Se contrataba a menos trabajadores de los cupos establecidos, a pesar de que el proyecto consideraba el valor completo. Por ejemplo, un proyecto ejecutado en la "Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Viña, consideraba 103 cupos, y según la rendición de cuentas sólo se firmaron 96 contratos".

Como consecuencia de pagar menos días, contratar menos trabajadores o reducir insumos, se generan saldos disponibles, donde "las sumas no invertidas se destinan a gastos ajenos al programo o como utilidad del ejecutor". Para graficarlo, se exponen proyectos de Valparaíso, cuya rendición de cuentas se incluye bajo el rubro "Otros Gastos". Ahí se incluye desde el pago a una empresa de seguridad por $357 mil mensuales, hasta honorarios por $600 mil, "los que en algunos casos mantienen vínculos de parentesco con el ejecutor".

En el texto se subraya que la situación constatada resta transparencia a la administración financiera, ya que "impide determinar los excedentes que deben ser devueltos". Así lo reconoce el jefe de la Unidad de Personal y Finanzas de la Intendencia, mediante oficio reservado Nº 15 de septiembre 2004, dirigido al jefe del Departamento de Administración y Finanzas de esa institución (Víctor Huenufil).

Contactado por este medio, Huenufil prefirió guardar silencio. De hecho, él junto al Seremi del Trabajo, José Manuel Mancilla, fueron sumariados y tienen hasta esta semana para responder a la Contraloría.

Exigen renuncia del intendente

El "sabueso" que luchó desde el 2004 para que se destapara esta situación fue el concejal viñamarino Víctor Andaur, quien a raíz de múltiples denuncias de trabajadores PGE, solicitó una investigación a la Contraloría. Por eso, tras conocerse el informe, ayer exigió la salida de Guastavino: "él debiera haber renunciado hace rato". En este punto cuestionó que el intendente diga que no sabía nada. Y precisa, "te deja la sensación que hay otras cosas que se están ocultando".

Consultado el intendente Guastavino por el informe, declinó referirse, aduciendo que tiene 15 días para responderle a la contralora.

15 hechos graves

"Se ejecutaron a través de agentes particulares contratados mediante trato directo, omitiéndose el acto administrativo que aprueba los respectivos convenios".

"No existen antecedentes relativas a la idoneidad técnica y solvencia económica de los contratistas adjudicados".

"(No existen antecedentes) del procedimiento de selección (de contratistas)".

"El intendente suscribió convenios (...) con sociedades de hecho lo que representa un evidente riesgo para el interés fiscal".

"La intendencia no exigió la presentación de garantías por parte de los ejecutores privados para el debido resguardo del interés público".

"No se estipulan plazos para el término de los proyectos ni para las rendiciones de cuentas".

"No se señala la cantidad de beneficiarios que el ejecutor se obliga a incorporar".

"Tampoco se establecieron sanciones por el incumplimiento de las obligaciones contractuales".

"Los convenios examinados no establecen el monto del honorario que corresponde al ejecutor por los servicios prestados".

"Se omitió establecer las condiciones bajo las cuales se debe contratar a los trabajadores, lo que genera desigualdades".

"No se contrataron trabajadores para la totalidad de los cupos (…) no obstante que el valor del proyecto consideraba el financiamiento completo".

"Las sumas no invertidas se destinan a gastos ajenos al programa o como utilidad del ejecutor".

"Pagos (…) por montos de hasta $600 mil mensuales, los que en algunos casos mantienen vínculos de parentesco con el ejecutor".

"No se dio cumplimiento a los fines de inserción laboral y construcción de obras de beneficio comunitario que pretende el programa".

"De 36 casos, correspondiente a beneficiarios en edad de jubilar, seis de ellos perciben algún tipo de pensión".